Caso ProCultura: las reacciones al informe de la comisión que apuntó a “cheque en blanco” del Estado a la ONG

La Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados aprobó el informe que elaboró en torno al Caso ProCultura, en el que se apuntó a la existencia de “reiteradas irregularidades administrativas”, así como a la necesidad de fortalecer el trabajo de la Contraloría.

El documento, que fue apoyado por nueve de los diez integrantes de la comisión, precisó que en el caso se comprobaron “debilidades significativas en los controles asociados a la entrega y rendición de recursos públicos“.

“Esta situación ha sido correctamente definida como la entrega institucional de un auténtico cheque en blanco, otorgado sin una adecuada revisión ni fiscalización preliminar respecto a la capacidad técnica, experiencia real, solvencia administrativa y económica de la fundación beneficiaria”, precisó el informe.

A la vez, el texto, que pasó a la sala de la Cámara de Diputados, establece que ProCultura obtuvo altos montos de dinero “provenientes principalmente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo mediante su programa de Asentamientos Precarios y Recuperación de Barrios, de diversos Gobiernos Regionales y municipalidades”.

De acuerdo con lo establecido por la comisión investigadora, la entidad recibió un total de fondos que rondarían los 6.000 millones de pesos, los que fueron distribuidos en al menos siete regiones.

El informe abordó también el rol que cumplió el ex asesor presidencial Miguel Crispi mientras se desempeñaba como subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere).

Además, el documento resaltó el hecho de que a raíz del Caso ProCultura, la Fiscalía Regional de Coquimbo inició investigaciones por los presuntos delitos de “fraude al fisco, apropiación indebida, tráfico de influencias y negociación incompatible“.

Reacciones al informe de la comisión investigadora del Caso Procultura

Al referirse al informe aprobado por mayoría, el presidente de la comisión, diputado Andrés Longton (RN), aseveró que “refleja que ProCultura se aprovechó deliberadamente de las instituciones para hacerse ilícitamente de recursos públicos“.

Respecto de las conclusiones a las que arribó la instancia investigadora, el mismo legislador sostuvo que éstas “son contundentes en atención a ciertas responsabilidades de algunos gobernadores, como Claudio Orrego y Jorge Flies de Magallanes, por haber vulnerado el principio de probidad“.

Por su parte, el diputado independiente pro PPD, Jaime Araya, se refirió a la necesidad de fortalecer el trabajo de la Contraloría a raíz de casos como el analizado por la comisión, y apuntó no solo a la falta de control, sino también a la incapacidad de recuperar aquellos recursos que permanecen desaparecidos.

“No es lógico que en un escenario de tanta corrupción institucional, la Contraloría tenga mecanismos tan débiles de control“, manifestó el parlamentario.

Otro de los integrante de la instancia investigadora que también se refirió al informe del Caso ProCultura fue el diputado José Miguel Castro (RN), quien calificó las conclusiones como “lapidarias”.

“Se ha hecho una estafa al Estado. Hemos podido descubrir que incluso había personas contratadas por ProCultura, que lo que hacían era prestarles servicios a ProCultura; o sea, una triangulación de dineros. Aquí se estafó en términos políticos y en términos de dinero a la gente“, concluyó