A sus 68 años, Alfredo Moreno asumió uno de los desafíos más complejos de su carrera: ser uno de los presidentes de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, instancia que busca proponer una serie de medidas para dar solución al histórico conflicto en la Macrozona Sur. Con un perfil que combina experiencia en el sector privado y público —fue presidente de ICARE, ministro de Relaciones Exteriores (2010-2014) y de Desarrollo Social (2018-2020)—, Moreno ha dedicado casi dos años a esta tarea que, según comenta, deberá contar con un apoyo transversal para lograr materializarse en medidas concretas.
El exministro también reconoce que una de las principales complicaciones en el desarrollo de la comisión ha sido las altas exigencias autoimpuestas por parte de los comisionados que acordaron que todas las medidas a proponer deben ser visadas por unanimidad.
De todas formas, Moreno se muestra optimista respecto a los eventuales resultados del informe. ¿La razón? “Este es el único acuerdo que incluye a todos los partidos de Chile, incluido el Gobierno”, dice el ex secretario de Estado.
—El presidente Boric en la Cuenta Pública del año pasado, puso como fecha noviembre, después se extendió a enero, y ahora estamos en abril con una tercera prórroga. ¿Cómo se ha dado la dinámica interna y por qué tenemos estos plazos que se van alargando?
—En primer lugar, el plazo de la comisión terminaba en enero y fue ampliado a abril. Es la única extensión que se ha hecho oficialmente. Lo otro puede haber sido un pronóstico del presidente, pero no había ningún plazo formal que terminara en noviembre. Probablemente era deseable que al terminar el proceso eleccionario pudiéramos entregar inmediatamente el informe, para alejarnos de los nuevos procesos electorales que vienen ahora.
La razón de la extensión es muy simple: estamos ante un problema muy complejo con muchísimas aristas. Las personas que integran la comisión fueron escogidas precisamente por ser muy diversas, con apreciaciones muy distintas. Además, hemos querido recibir a todos los sectores posibles: mapuches, agricultores, víctimas, forestales, académicos, estudiosos del tema. Es muy usual que en estos procesos los plazos sean difíciles de prever, dependiendo de la dinámica que se vaya produciendo y de las complejidades que surjan.
A eso, que es lo natural, le agrego otro elemento: nosotros tomamos como decisión propia, no impuesta por el mandato de la comisión, que lo que vayamos a proponer sea por unanimidad. Esto le pone una complicación adicional, pero lo hace mucho más valioso. Creemos que podemos poner un granito de arena al poder proponer algo que esté apoyado por gente de izquierda, derecha, mapuche y no mapuche. Queremos mostrar que si uno estudia el problema a fondo, si uno ve todos los ángulos, las diferencias de opinión no son tantas.
—Usted menciona que fue un acuerdo que las propuestas fueran por unanimidad. Pero leyendo entrevistas de otros comisionados, algunos señalaban que era muy difícil que en todos los temas todos estuvieran de acuerdo. ¿Cómo se hace viable la resolución del informe con esta medida autoimpuesta?
—Se logra con más dedicación, con más tiempo, con más esfuerzo y con más estudio para poder entender la visión de las otras personas. Esto impacta, por supuesto, en los tiempos requeridos.
Respecto de por qué es importante, lo expliqué antes: lo importante no es la recomendación que demos nosotros, sino que se pueda llevar a la práctica, que le cambie la vida a las comunidades mapuches, a las regiones, que ayude a que se elimine la violencia, que mejore la situación económica y la de las víctimas, los agricultores, la industria forestal. Para eso se requiere fuerza política.
Han habido muchas comisiones y sugerencias de modificaciones, de nuevas iniciativas. Ninguna ha llegado a puerto porque en cada gobierno se oponen unos a otros y se neutralizan. Aquí, teniendo gente de todas las posturas y siendo apoyada por todos los sectores, creemos que damos un buen avance si hacemos algo que, al ser apoyado por unanimidad, pueda ser respaldado por todos los sectores políticos.
—¿Y usted ve el ánimo dentro de la comisión en pos de lograr esa unanimidad en términos reales para el informe?
—Absolutamente. Todos votaron para que esto fuera por unanimidad. Se aprobó por unanimidad que fuera por unanimidad. Pero sí, obviamente lo hace mucho más difícil y complejo. Estamos tratando que lo que aportemos sea lo más valioso y que realmente tenga más probabilidades de llegar a la práctica.
—¿Cuáles son los principales nudos que hoy están presentes en la comisión?
—Los temas que estamos desarrollando son los que hemos visto que nos han señalado los distintos sectores, mapuche y no mapuche, durante estos casi dos años de trabajo. También lo que hemos aprendido de los expertos y de las experiencias de otros países.
Hay que tener conciencia de que esto no es un problema exclusivo de Chile. Ocurre en muchísimas partes del mundo —África, toda América, incluido Estados Unidos y Canadá, Oceanía— donde llegaron conquistadores, se encontraron con pueblos originarios, con el tiempo se formaron nuevos países, y todo eso chocó con la vida que tenían los pueblos originarios. Hay países que lo han hecho mejor que nosotros, aunque ninguno está exento de problemas.
Y los temas tienen que ver con cómo nos integramos, cómo valoramos a estos pueblos originarios, en este caso el pueblo mapuche, que además en Chile es una raíz del resto de la población. También está el problema de promesas incumplidas, como el reconocimiento constitucional y diversos compromisos que ha hecho el Estado a lo largo del tiempo.
—¿Y qué han discutido sobre el tema de la reparación?
—Ese es otro punto fundamental: ¿cuál es la manera de reparar? ¿Cómo se armoniza con el resto de las personas que viven en estas regiones? La tierra, por supuesto, es un elemento central, pero hoy la ley permite solamente reparaciones en tierra. Podríamos abrirnos a otros tipos de reparación: ¿cuáles serían? ¿Bajo qué condiciones? ¿Para quiénes?
La ley actual no tiene beneficiarios claramente determinados y los números aumentan todos los días. Hemos calculado que con la ley vigente y las condiciones actuales, a las personas que hoy están postulando les tomaría más de 100 años recibir una reparación, y eso si no ingresaran más solicitantes. Entonces es una promesa vacía que genera más problemas de los que resuelve, porque lo que recibe la gente es un conjunto de frustraciones.
También hemos analizado cómo lograr que tanto las comunidades mapuches como el resto de la región progresen, cómo pueden tener mayor libertad para hacer lo que estimen conveniente. Hoy las normas son muy restrictivas: no se permite ningún tipo de contrato, no solo no se permite vender, sino que tampoco arrendar o asociarse. Tenemos un sistema de propiedad impuesto que ha chocado contra la forma de vivir y de organizarse de las comunidades mapuches.
—Mencionaba que una posibilidad es ir más allá de la restitución de tierras. ¿Qué otras medidas de reparación se han explorado?
—En otros países hay reparaciones relacionadas con infraestructura para los propios campos, la posibilidad de hacer proyectos que permitan que la tierra recibida sea productiva, temas de vivienda, pensiones, educación. No puedo adelantar exactamente qué cosas quedarán incluidas, pero el abanico es amplio.
—¿Y por ejemplo una compensación monetaria directa?
—Es algo que vamos a ver cómo queda en la propuesta. En general, cuando se habla de compensación monetaria, no se trata simplemente de entregar un cheque para que la persona haga lo que quiera. Suelen estar asociadas a un proyecto particular que hay que presentar, que permita que esto tenga permanencia en el tiempo. Desde el punto de vista del Estado, se busca evitar que luego de un tiempo eso se pierda y vuelva a haber presión por otra reparación; se trata de hacerlo por una vez. La experiencia ha mostrado que lo más exitoso son cosas que tienen alguna duración en el tiempo.
—Viendo también a otros actores presentes, como las víctimas de la violencia en la Macrozona Sur, ¿cómo se aborda desde su perspectiva el tema de la reparación?
—Eso es algo central en la discusión. Hoy esas personas tienen un apoyo casi inexistente. Hay un programa del Ministerio del Interior, pero con muy pocos recursos. Una de las tareas asignadas a la comisión, a la que hemos dedicado mucho tiempo, es precisamente la reparación a las víctimas, mapuches y no mapuches, afectadas por la violencia.
Ya existe un fallo de la Corte Suprema que ha condenado al Estado por falta de prestación adecuada del servicio de seguridad, estableciendo su responsabilidad y ordenando el pago de una indemnización. Esto establece una base: el Estado tiene responsabilidad por no haber provisto la seguridad que requiere la gente que vive en esas zonas, que ha tenido que sufrir lo indecible durante tanto tiempo. Por lo tanto, una parte de lo que vamos a proponer es cómo reparar a estas víctimas.
—¿Cómo podría conversar la propuesta que presentará la comisión con los problemas de seguridad presentes en la zona?
—Nosotros no tenemos que ver con la seguridad. Esto fue explícitamente excluido en el acuerdo de todos los partidos con el Gobierno que dio origen a esta comisión. El tema de seguridad y el desarrollo económico, o los programas que se están implementando día a día por los servicios públicos, no es nuestra tarea, es responsabilidad del Gobierno.
Esto nos ha ayudado a seguir realizando nuestro trabajo mientras suceden cosas muy complejas en esa materia. No es nuestra tarea proponer una estrategia de seguridad, ni cómo enfrentar a los grupos violentos o los negocios ilícitos.
—¿Pero sus propuestas podrían contribuir indirectamente a reducir la violencia?
—Lo que sí creemos es que al resolver las causas del conflicto, se ayuda de alguna manera a aislar a aquellos grupos que ya han abandonado la causa original y hoy están más bien en un negocio bajo la cobertura de esa causa. Al resolver el origen del problema, quedan más claros cuáles son esos grupos y no se producen las confusiones que hoy existen.
La experiencia de estos procesos de paz es que un acuerdo como este no elimina totalmente la violencia. Siempre habrá alguien que quiera continuar, ya sea porque el dinero que gana es muy superior a cualquier reparación, o porque por razones ideológicas considera que el acuerdo no es suficiente. Esas personas pueden perseverar en la violencia y tendrán que enfrentar la ley, la policía y finalmente la cárcel.
Pero hay una cantidad muy importante de personas que considera que lo que existe es injusto, que no hay una manera de resolver el problema, que no hay una valoración de lo que ellos, su familia y sus antepasados han vivido. Esto apunta a que esa relación entre el Estado y esas personas mejore, ayudando así a aislar a los grupos que son meramente violentistas.
—Mencionaba que uno de los temas siempre presentes es el reconocimiento del pueblo mapuche en la configuración del Estado. Esto fue especialmente polémico en el primer proceso constitucional. ¿Cómo compatibiliza esa sensación negativa que quedó con una posible solución futura?
—Esos procesos son ilustrativos. Hay cosas que se plantearon y fueron rechazadas, algunas con más fuerza incluso en los lugares donde hay gran concentración de personas indígenas. Por lo tanto, tenemos claro cuál es la opinión que existe en el país, particularmente en las comunidades indígenas. Nuestro trabajo no va por ese camino.
Nuestro enfoque es valorar la diversidad. La cultura mapuche aporta muchísimo a la cultura nacional. No podemos vivir de espaldas a una parte muy importante de nuestras raíces y nacionalidad, ni podemos creer que esas personas estarán satisfechas siendo ciudadanos de un país que no valora lo que representan. Tenemos que mirar de frente estos problemas y resolverlos. Este es un intento que va a ser muy positivo para eso.
—Mirando hacia adelante, el informe será entregado al presidente, quien tendría que materializarlo a través de iniciativas legislativas o administrativas. ¿Cómo afectan las posibilidades de éxito el momento político actual, considerando que estamos en un año electoral y en un contexto de mayor polarización?
—No hay duda que el proceso electoral agrega una complicación. Cuando estamos en procesos electorales, llegar a acuerdos siempre es difícil en política, particularmente en la política actual de Chile, que está polarizada y fragmentada. En época de elecciones es peor aún, todos quieren destacarse y es difícil que un tema se mantenga al margen de esa dinámica.
Pero este es el esfuerzo que hemos hecho. El único acuerdo que incluye a todos los partidos de Chile, incluido el Gobierno, en muchos años, es este. Hemos seguido teniendo reuniones con todos los partidos políticos, manteniéndolos informados, y hasta el día de hoy siguen expresando su apoyo. La unanimidad dentro de la comisión ayuda, porque personas de distintos colores políticos estarán diciendo lo mismo si logramos encontrar ese acuerdo.
—¿Es correcto entender que cualquier solución requeriría también del apoyo del próximo gobierno?
—Absolutamente. Esta es una razón más de por qué se requiere el apoyo de todos los sectores. Para llevar esto a la práctica se necesita un apoyo muy amplio, no puede ser iniciativa de un solo sector, incluso si ese sector tuviera mayoría, porque se extiende a lo largo de los años.
Hay que tener presente que esto requiere varias etapas. Antes de que vaya a discusión en el Congreso, cualquier proyecto que el gobierno quisiera enviar tendría que pasar por una consulta indígena. Como modifica la ley indígena en muchos aspectos, requiere una consulta muy amplia que podría tomar aproximadamente un año.
Luego de eso, con esa información y con la reacción del pueblo mapuche en sus diferentes sectores, se podrían enviar los proyectos al Congreso, lo que también tomaría un par de años para que se aprueben todos. Este es el inicio de un camino largo, si es que resulta exitoso. Es una tarea que abarcará todo lo que le queda a este gobierno y parte sustantiva del siguiente.
—Considerando que muchos gobiernos han tenido mesas de diálogo y comisiones sin llegar a un éxito significativo, ¿qué diferencia a esta comisión de las anteriores?
—En primer lugar, que esto parte con el apoyo de todos los partidos políticos, que se juntaron y decidieron quiénes serían los miembros, qué debíamos hacer y qué no. Eso ya es un cambio muy importante. Siempre han sido iniciativas de gobierno las anteriores; esta es una cuestión que incluye a todos los sectores.
En segundo lugar, el ambiente y la disposición de las personas dentro de la comisión ha sido excepcional, a pesar de las diferencias sustantivas en opiniones políticas y procedencias. Algunos son mapuches, otros no; algunos son agricultores, otros viven en comunidades indígenas, y todos ven distintos aspectos del problema.
Y tercero, lo que nos han pedido no es un conjunto de propuestas como a las comisiones anteriores. Algunas han tenido muy buenos análisis históricos —de hecho, nosotros hemos construido sobre lo que se hizo antes, como la Comisión de Verdad y Nuevo Trato—. Nuestra tarea es decir qué hay que hacer y además algo que realmente podamos implementar, algo que tenga apoyo en los distintos sectores.
Esta es una tarea de análisis y estudio, pero también política en el sentido de ser el arte de gobernar, el arte de hacer las cosas. ¿Qué debiera hacer Chile para resolver este problema? Y no solo algo teórico, sino algo que tenga suficiente apoyo político para implementarse. Eso es lo que hemos discutido con todos los sectores. No hemos hecho un trabajo académico. El trabajo académico ya existe y lo hemos usado, pero nos interesa colaborar con lo relevante: encontrar una solución a un problema que requiere decisiones políticas muy complejas.
—Entonces, ¿deberíamos tener una expectativa positiva del resultado de la comisión?
—Yo tengo expectativas positivas. Espero que podamos superar los pocos temas pendientes y presentar un informe que sea entendido y apoyado por los más diversos sectores, como ha sido hasta ahora.
Creo que va a ser muy bueno para las comunidades mapuches, para el pueblo mapuche en general —incluso los que no viven en esos lugares— no solo en términos económicos sino en valoración, reconocimiento y destacar su cultura e historia.
Pero también será muy bueno para los agricultores, la industria forestal y las regiones que han tenido un impacto económico negativo tremendo durante todos estos años. Y muy bueno para las víctimas, primero porque ayudará a que no sigan habiendo más víctimas, y segundo porque aquellos que han sufrido tendrán un reconocimiento, apoyo y reparación que no han tenido hasta ahora.
—¿El informe lo tenemos que esperar sí o sí para abril o podría extenderse más?
—Bueno, nadie puede decir sí o sí, pero todo indica que sí. Tenemos acuerdos muy avanzados en la inmensa mayoría de los temas. Estamos en la redacción del informe final, con todos los detalles. Lo esencial ya lo tenemos, aunque por supuesto surgen interpretaciones y detalles que no habíamos considerado.
No puedo decir que está todo 100%, pero tenemos un avance muy importante y estamos haciendo un gran esfuerzo para cumplir con los plazos. La próxima semana, por ejemplo, dedicaremos tres días completos a esto, y esta semana estamos trabajando dos días completos. Yo creo que lo más probable es que cumplamos el plazo, y además será una muy buena oportunidad.
