La crisis carcelaria que dejó al descubierto el anuncio presidencial de un nuevo penal de máxima seguridad

El presidente Gabriel Boric sorprendió este jueves al anunciar la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad, que albergará a los principales líderes del crimen organizado que están tras las rejas. Sin embargo, esta medida dejó ver la crisis carcelaria que enfrenta el país.

Los primeros en levantar la voz crítica tras las palabras de Boric fueron los propios gendarmes, luego que el mandatario dejara ver que este penal de máxima seguridad estará resguardado por una Fuerza Especial de Gendarmería.

Para la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería (ANSOG), las medidas presentadas por el Ejecutivo “hacen evidente la desconexión y falta de conocimiento que existe en las autoridades respecto de nuestra situación actual y de la forma en la cual hoy debe abordarse la dinámica institucional”.

Los funcionarios dejaron ver que hasta ahora no se ha hecho frente al déficit de plazas al interior de la institución para poder resguardar el sistema carcelario, que en la actualidad llega a 1.300 cupos.

“Mientras los anuncios apuntan a aumentar la capacidad de plazas para personas privadas de libertad, esto necesariamente debe ir aparejado de una dotación de funcionarios destinados a cumplir la misión institucional. En la actualidad existen 1.300 cupos de planta autorizada, que no están cubiertos y que, hasta esta fecha, no ha sido abordado con la urgencia e importancia que requiere”, sostuvieron en una declaración pública.

Para los gendarmes, “construir un nuevo recinto penitenciario, no resuelve la problemática actual de la institución, la que requiere de medidas inmediatas y no a largo plazo”, ya que “la autoridad debe centrar sus esfuerzos en resolver el problema de sobrepoblación o hacinamiento de la población común y no del interno que deba cumplir condenas o prisiones preventivas en recintos especiales, los cuales, cuentan con capacidad actualmente”.

Sobrepoblación y hacinamiento carcelario

Es que cifras aportadas por Gendarmería a principios de mes ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, daban cuenta que la población penal total de Chile llega a 56.500 internos, donde cerca de un 63% corresponden a condenados y un 36% a imputados. Esto supera con creces las 41.000 plazas dispuestas desde hace una década para recibir a los reos.

En cuanto a la sobrepoblación penal, las regiones más afectadas son Valparaíso, Metropolitana, Atacama y O’Higgins.

Para hacer frente a esta crisis, desde la institución precisaron que un plan de mejoras de habitabilidad y ampliaciones; además de la implementación de redes contra incendios y normalización de conexiones eléctricas. También se realizarán reparaciones a recintos de Antofagasta y La Unión junto a ampliaciones en Valparaíso y restauración de celdas en Colina.

A pesar de lo consignado por Gendarmería, el hacinamiento sigue haciendo mella al interior de los recintos, como lo dejó al descubierto la reciente visita de la jueza de turno Mariana Mileng Chiang a la cárcel de Calama para conocer sus condiciones.

“En la actualidad, el Centro de Detención Preventiva de la ciudad de Calama -cuya capacidad es de 300 internos- tiene una población de 700 internos (…) por las condiciones carcelarias de extremo hacinamiento, se encuentran expuestos a contagio de enfermedades virales, no existe suministro adecuado de agua en todos los pabellones, sin agua caliente la mayoría, escasas horas de patio y actividad física, inadecuadas condiciones de higiene en las celdas que habitan, muchos duermen en el suelo, muchos no tienen ropa de cambio y abrigo, muchos no cuentan con útiles de aseo”, consigna el documento dado a conocer por El Mercurio de Antofagasta.