Microtráfico y hacinamiento: los campamentos del terremoto

El terremoto del 27 de febrero destruyó, según las autoridades, cerca de 100 mil viviendas y un 17,3% de las casas quedaron inhabitables entre la VI y VIII región.

A un año de la catástrofe, el Ministerio de Vivienda estima que son alrededor de 4200 las familias que aún viven en campamentos a raíz del terremoto, personas que se estima, permancecerán ahí, al menos, hasta julio del 2012.

¿Pero cómo es la realidad de vida de las personas que actualmente están sin agua potable, sin luz, servicios de alcantarillados, y donde cuatro personas comparten 18 mts²? Sus vivencias, acá.

Para Lucía Vera, dirigenta de la Junta de Vecinos Manuel Montt, en Dichato, el día a día es de esfuerzo y lucha. Ella y otras dirigentes se autoimpusieron la labor de organizar los planes y pasos para encontrar solución habitacional definitiva para sus familias. 

“Empecé con 200 familias a mi cargo y ahora quedan 60. Hoy en día ha sido súper complicado porque no han entregado todas las mediaguas que nos prometieron, no hay conexión a la electricidad, no tenemos ayuda directa del Gobierno”, relata.

Vera ha sido testigo y protagonista de cómo el terremoto empobreció a la gente. “Acá hay todo tipo de personas, que sí tienen para comprarse cosas, camas, muebles, comida, pero  también hay gente que no tiene nada, además lo que está afectando a la gente es la depresión, mucha gente se empobreció, volvió 20 años atrás y perdió todo lo que tenía, y eso da impotencia”.

Sobre el  rol de la intendenta Jacqueline van Rysselberghe, Lucía Vera es muy critica.  “Toda la ayuda que pedimos tiene que gestionarse a través de ella, porque tomó a cargo todo el tema de la reconstrucción”. La dirigente dice que – a su juicio- la autoridad regional ha sido el piedra de tope para llegar a una solución a sus problemas. “Hemos recibido malos tratos. Nos han sacado fotos para que cuando venga el Presidente no podamos expresarnos”, asegura.

Por su parte  José Mora Sáez, dirigente de la junta de vecinos del sector de Villarica, también en Dichato, retrata las penurias que han tenido que vivir las personas que son parte del campamento El Molino. “Cada vez que voy donde mi gente a la aldea quedó frustrado. Hay personas de todos los sectores de Dichato. Te estoy hablando de gente que tiene artrosis, artritis. En la aldea El Molino hay 630 mediaguas, por 4 personas en cada una. Tienen un baño que tienen que compartir con 8 familias. ¿Agua potable? No hay. Tienen unos lavaderos comunitarios. En el invierno es más traumático porque se llena de barro”, cuenta.

“La impresión que me deja todo el tema de la reconstrucción es una imagen cruel y traumática, porque a lo mejor las personas no tenían las comodidades suficientes, pero era tu casa, tu patio, tu baño, tu silla, entonces vivir en un lugar donde tienes que buscar agua a 300 metros, o llevar 5 litros en un estanque para personas de 90 años es súper complicado…es casi una prueba extrema”, sostiene Mora. 

¿Y la reconstrucción? El dirigente dice que en el mes de diciembre se instaló la primera piedra y se supone que las faenas comienzan en marzo. Bajo ese timing, el campamento podría ser erradicado por lo menos en el mes de julio del 2012. “Pero yo lo veo bastante lejos. Lamentablemente como te ven te tratan”, señala.  

¿Calidad de vida?     

Para la diputada por el Bío Bío, Clemira Pacheco (PS), las condiciones de hacinamiento en campamentos o aldeas son los principales factores de riesgo a los que se enfrentan las personas,  porque “no cuentan con agua potable, tienen apenas 18 m² cuadrados que no son de la mejor calidad, con baños químicos que no tiene luz eléctrica y que además tienen que compartir con otras familias”.

Según sostiene el concejal de la comuna de Rancagua, Edison Ortiz, las desfavorables condiciones de vida han sido caldo de cultivo para el microtráfico y la delincuencia en los campamentos derivados del terremoto.