Corte Suprema ordena reabrir juicio a marinos torturados en 1973

La Corte Suprema de Chile revocó hoy dos fallos anteriores y ordenó reabrir la investigación de un grupo de ex marinos que denuncian haber sido torturados antes del golpe militar de 1973, por haber denunciado la conspiración que se gestaba contra el Gobierno de Salvador Allende.

En un fallo unánime, la segunda Sala Penal del máximo tribunal chileno ordenó la designación de un nuevo juez especial y la realización de varias diligencias tendentes a esclarecer las denuncias de los ex miembros de la Armada chilena, que suman alrededor de un centenar y se han organizado en la Asociación de Marinos Constitucionalistas.

“Es un fallo muy importante para nosotros, trascendental, porque recupera la Justicia que se nos había denegado en los fallos anteriores”, dijo a tras enterarse de la resolución, el presidente de esa asociación, Víctor López.

La resolución de la Corte Suprema revoca un dictamen emitido en enero de 2011 por la jueza especial Eliana Quezada, de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que ordenó el sobreseimiento definitivo de la causa.

Ese dictamen fue posteriormente ratificado por la propia Corte de Apelaciones del principal puerto chileno, pero hoy la Corte Suprema consideró que el fallo de primera instancia, refrendado después por el tribunal de alzada, “no explica ni desarrolla satisfactoriamente los fundamentos del sobreseimiento definitivo decretado”.

Por ello, ordenó la realización de una serie de diligencias “por parte de un nuevo juez, que deberá ser nombrado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso”, entre las cuales destacan los expedientes de los juicios que se siguieron contra los marinos afectados en 1973 en el Juzgado Naval de Valparaíso.

En esos juicios, los marinos, que denunciaron los preparativos golpistas del alto mando de la Marina, fueron acusados de sedición, de agentes marxistas y de militar en grupos de ultraizquierda que pretendían apoderarse de los buques de la Armada para bombardear Valparaíso y Viña del Mar, entre otros cargos, siendo condenados a duras penas de prisión.

Muchos de los afectados fueron expulsados de Chile después de consumado el golpe militar del 11 de septiembre de 1973.

La Corte Suprema ordenó incorporar a la nueva indagatoria “todas aquellas investigaciones que guarden relación con la actual, en particular de los autos de procesamiento y acusatorios, así como de las respectivas sentencias de primer y segundo grado”, y eventualmente de las de casación emanadas de propia Corte Suprema.

Asimismo, ordenó la realización de reconocimientos en rueda de presos y los careos que correspondan entre los querellantes y los inculpados que ya han declarado ante el tribunal.

Para Víctor López, la resolución de la Corte Suprema “reconoce que los hechos (denunciados) están acreditados”, y recordó que la prensa de la época los difundió profusamente, antes del golpe que encabezó el general Augusto Pinochet.

“Esperamos que con este fallo de la Corte Suprema se pueda hacer justicia”, manifestó a Efe el exmarino.