La historia tras la construcción de Punta Peuco y el Penal Cordillera

La apertura de Punta Peuco en 1995 y el cierre del Penal Cordillera este año tienen una causa en común: Manuel Contreras. En esos dos  recintos penitenciarios cumplen condena más de 50 agentes de la dictadura con una serie de privilegios, que han vuelto a estar en el debate en las últimas semanas tras la conmemoración de los 40 años del Golpe de Estado.

Todo comenzó en noviembre de 1993 cuando el ministro especial Adolfo Bañados dictó sentencia por el asesinato del ex ministro de Salvador Allende, Orlando Letelier, en Washington: 7 años de cárcel para el ex director de la DINA, general (R) Contreras, y 6 años para el brigadier Pedro Espinoza.

El caso se había convertido casi en un símbolo, por lo que las sentencias preocupaban al Ejército. En septiembre de 1994, el recién nombrado ministro del Interior, Carlos Figueroa, era de los pocos que conocía desde sus orígenes la principal preocupación militar que rondaba por esos meses: una cárcel especial para los uniformados que pudieran ser condenados por la justicia.

Así lo cuenta el periodista Ascanio Cavallo en el libro ‘La historia oculta de la transición’, donde detalla que fue el propio Augusto Pinochet quien le dijo a Figueroa que la cárcel especial estaba en el “pliego de peticiones” que le habían hecho al gobierno de Patricio Aylwin. Pero que fue el mayor general Jorge Ballerino quien había reconocido ante el vocero Enrique Correa que con el penal pensaban en Contreras.

El ex jefe del organismo de represión fue trasladado a Punta Peuco la madrugada del 21 de octubre de 1995 y permaneció allí hasta el verano de 2001. Cuatro años más tarde ingresó al Penal Cordillera, donde hasta ahora se encontraba cumpliendo su condena de más de 300 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos. Desde allí, el 10 de septiembre pasado dio entrevistas a tres canales de televisión en las que negó que existieran los detenidos desaparecidos y que Villa Grimaldi fuera un centro de tortura.

Tras las críticas que esto desató, el presidente Sebastián Piñera dijo la semana pasada que había solicitado informes al ministerio de Justicia para tomar una decisión, la que se concretó este jueves con el anuncio del cierre del Penal Cordillera y el traslado de los 10 internos a Punta Peuco.

El origen de Punta Peuco

En el capítulo 26 del libro, Ascanio Cavallo cuenta cómo la construcción del nuevo penal ocasionó una “peculiar crisis de gabinete”, luego de que ésta pusiera en jaque a la Concertación. En diciembre de 1994, el presidente Eduardo Frei y el comité político habían tomado la decisión de usar la vía administrativa para construir el nuevo recinto penitenciario. Esto requería que el ministerio de Obras Públicas dictara un decreto de emergencia para iniciar por “ejecución directa” -sin licitación pública- la construcción del nuevo penal.

Sólo bastaba la firma, ya que tras analizar otras alternativas se había decidido que el penal se ubicaría en un terreno de Gendarmería que había sido propuesto por el mismo director del organismo, Claudio Martínez, y que se ubicaba a unos 40 kilómetros de Santiago, en la localidad de Punta Peuco, en la comuna de Tiltil.

Cuando la petición para el decreto llegó al escritorio del titular del MOP, Ricardo Lagos, -quien se había enterado por rumores y se oponía al proyecto- propuso otras alternativas que no requerían su firma. Sin embargo, a comienzos de enero la propuesta ya contaba con el apoyo de los partidos oficialistas. Fue el mismo Figueroa quien le informó a Lagos, pero éste insistió en que no está dispuesto a firmarlo: No quería aparecer dando privilegios a Contreras, menos si ni siquiera se le había informado de la medida hasta cuando ya era una hecho consumado. Ahí se desató la crisis.

Lagos redactó su renuncia y se la entregó a la mañana siguiente a Frei en una reunión en su casa, en la que también participaron los ministros Figueroa, Genaro Arriagada y José Miguel Insulza. Los tres respaldaban la medida, pero Insulza explicó -consigna el libro- que la crisis ministerial podía restar la mayoría alcanzada y que no podía responder por el PS.

Obligados a ponerse de acuerdo por orden del Presidente, durante la tarde del 5 de enero hubo una serie de negociaciones, entre Figueroa, Arriagada y los PPD, Patricio Hales y Erich Schnake, quienes iban y venían desde el MOP a La Moneda. Finalmente se acordó un proyecto de ley que involucrara al gobierno, al Parlamento, a los ministros y a los partidos, tanto al oficialismo como a la oposición. Tras lo cual Lagos accedió a retirar su renuncia.

Según el recuento del libro, el proyecto fue aprobado el 12 de enero en la Cámara sólo con los votos de la Concertación, pero el 18 de enero la derecha lo rechazó en el Senado. Una propuesta del presidente de RN, Andrés Allamand, permitió un acuerdo y luego de que el ministro de Defensa, Edmundo Pérez Yoma, llamara al general Pinochet para que pusiera en orden a los designados se lograron los votos necesarios.

Así el proyecto de ley fue promulgado el 20 de enero con 32 votos, sin ningún rechazo, pero con la ausencia de cinco senadores de la DC. Cinco meses después se promulgó el Decreto 580 que creó el “Centro de Detención Preventiva y Cumplimiento Penitenciario Especial Punta Peuco”.

En un carta enviada a La Tercera esta semana, el ex director de Gendarmería, Claudio Martínez, aseguró que Punta Peuco fue “diseñada como cárcel con estándares e infraestructura de seguridad similares a los de la Cárcel de Alta Seguridad y los de las cárceles concesionadas”.

¿Quién manda a quién?

El 30 de mayo de 1995 la preocupación de los militares se hizo realidad: la Corte Suprema confirmó la condena de 7 años para Contreras y 6 años para Espinoza. En una de sus primeras controversiales entrevistas, Manuel Contreras aseguró a canal 13, desde el fundo donde se encontraba refugiado en el sur, que “no voy a ir a ninguna cárcel mientras no haya justicia real”, consigna el libro ‘La historia oculta de la transición’.

Tras esto la defensa de Contreras comenzó con una serie de recursos por motivos de salud y Contreras se refugió en el Hospital Naval de Talcahuano. En ese lugar fue notificado el 27 de junio de la sentencia y dos hombre de Gendarmería llegaron a vigilarlo.

La preocupación había vuelto el gobierno, relata el libro de Cavallo: Parlamentarios oficialistas aseguraban que colegas de oposición, así como oficiales en retiro y en servicio del Ejército proponían que en el penal se estableciera un sistema de vigilancia compartido ya que los militares no aceptarían quedar en manos de Gendarmería.

“Con Augusto Pinochet como comandante en jefe, con Manuel Contreras refugiado primero en su fundo en Fresia y más tarde en el Hospital Naval de Talcahuano, amparado por la Armada, fue necesario crear las condiciones de confianza para que el Ejército accediera al encarcelamiento de Manuel Contreras y Pedro Espinoza”, recordó Martínez en su carta.

Con la férrea oposición de la ministra de Justicia, Soledad Alvear, el debate se extendió durante meses y en septiembre se logró un acuerdo: fue el asesor de la secretaria de Estado, José Antonio Gómez, quien tuvo la misión de coordinar los aspectos jurídicos con el abogado militar Hernán Novoa. En octubre llegaron los primeros soldados que se hicieron cargo del anillo interior del penal, cuya custodia se extendió hasta 2003. Para el ex director de Gendarmería, este régimen de excepción sólo se explicaba en “el contexto que se vivía en la denominada transición hacia la democracia”.

Con esas concesiones y tras un dictamen de la Corte Suprema, Contreras fue trasladado el 20 de octubre a la capital e ingresó al penal, donde desde hace cuatro meses se encontraba recluido Pedro Espinoza, y quien hasta esa fecha era el único morador.

El origen del Penal Cordillera

Tras casi una década después de la construcción de Punta Peuco, y con el ex ministro de Obras Públicas ahora convertido en Presidente, fue el propio Ricardo Lagos el que ordenó la construcción del Penal Cordillera en noviembre de 2004. Esto tras la decisión de la Corte Suprema de no aplicar la Ley de Amnistía a los responsables de casos de detenidos desaparecidos, lo que traería consigo una serie de nuevos condenados y la primera cárcel ya se encontraba en su máxima capacidad.

Con el Decreto 956 se creó el “Centro de Cumplimiento Penitenciario Cordillera”, que se ubicó en las dependencias del Comando de Telecomunicaciones del Ejército, en la Avenida José Arrieta en Peñalolen. El documento detallaba que “de conformidad a la normativa legal y reglamentaria vigente, la dirección y administración corresponderá exclusivamente a Gendarmería de Chile”.

El martes pasado, el ex Mandatario aseguró, en entrevista con radio Biobío, que sólo respondía por lo que ocurrió en ese penal hasta marzo de 2006, cuando se habían levantado cinco o seis módulos idénticos a los de la cárcel de Colina: “Esos módulos permiten a dos personas compartir un baño y punto; todo lo demás es una violación de las normas de Gendarmería, hasta donde yo entiendo”.

Criticó que las condiciones se hayan modificado y se les hayan entregados privilegios a los reos, hoy el recinto cuenta con canchas de tenis, jardines, TV cable y sitios para hacer asados. “Hay que proceder al término inmediato de aquello, porque ha habido una violación de las normas más allá de lo que estaba establecido”, replicó Lagos.

“Que un régimen de excepción termine siendo un régimen de privilegios es responsabilidad de la autoridad administrativa”, sostuvo, por su parte, Martínez, y aseguró que  en el caso de Punta Peuco, no depende de la infraestructura,  no así en el caso del penal Cordillera, que “nunca fue diseñado como cárcel; se trata de un ex recinto del Ejército en el cual tanto la infraestructura como el régimen contribuyen a privilegios que no tienen ninguna justificación en el tiempo actual”.

En esas condiciones, la plana mayor de la DINA fue la primera en ocupar las dependencias del nuevo recinto penitenciario el 28 de enero de 2005 tras haber sido sentenciados por el secuestro calificado del miembro del MIR, Miguel Ángel Sandoval. Manuel Contreras ingresó al penal tras un caótico proceso en el que efectivos de la Policía de Investigaciones llegaron hasta su casa en Peñalolen para detenerlo, a lo que él puso resistencia.

Ese mismo día entraron al recinto el brigadier (r) Miguel Krassnoff, el brigadier (r) Marcelo Moren Brito y el coronel (r) Fernando Laureani. Mientras que el 14 de junio de 2006, el brigadier (R) Pedro Espinoza llegó hasta el penal tras ser sentenciado a 10 años de cárcel por el secuestro y desaparición de la periodista y militante del MIR. Diana Aron.

Según la prensa de la época, su llegada había desatado las críticas de Contreras y Krasnoff, quienes aseguraron que su vida “corría peligro” porque “se había ido de lengua”. Pese a ello, en el Penal Cordillera han convivido Contreras y Espinoza en los últimos años, y ahora ambos serán trasladados de vuelta hasta Punta Peuco, el lugar en donde ambos fueron recluidos en 1995 y que marcó el inicio de las “cárceles especiales”.