La renuncia de Sebastián Dávalos

Sebastián Dávalos no cometió ningún acto ilegal, o por lo menos al tenor de los antecedentes que hoy conocemos, no podemos señalar lo contrario.  También es cierto, la relación entre un Banco y sus clientes no puede ser demonizada a primera vista. Y por último, es verdad, el proceso de cambio del Plan Regulador Intercomunal de Rancagua aún no ha concluido.

Sin embargo, todo lo anterior no consigue liberar a Dávalos de culpas. Su error fue básico, y consiste en llevar dos vidas paralelas. La primera es aquella del servidor público, aquel que ha trabajado en distintos órganos del Estado y que tiene las responsabilidades propias de ser el hijo de una Presidenta de la República. Por su parte la segunda, es la esfera de lo privado, donde predomina el interés de lucro y las intenciones de crecimiento enfocado en el interés particular. El conflicto ocurre cuando ambas vidas se mezclan, y no se tienen las precauciones y la ética para emplear altos estándares de probidad y transparencia, que protejan al Gobierno de Michelle Bachelet, y al mismo Sebastián Dávalos.

Y no es que desde el sillón de la opinión pública se exija demasiado. Dávalos al momento de asumir su cargo como Director Sociocultural del Gobierno, el cual está directamente ligado a la presidencia, con presupuesto, agenda legislativa, convenios con privados, debió preguntarse por qué él no se encuentra obligado a las declaraciones de patrimonio e interés, y de la misma forma prevenir que todas las obligaciones de transparencia no se le aplicaban.

El problema de ética en el actuar de Sebastián Dávalos es evidente. Estando en conocimiento de su estatus jurídico al interior del Gobierno, no transparentó sus millonarios negocios, que incluían como actores vinculados al Banco de Chile y a órganos del Estado encargados de tramitar el Plan Regulador Intercomunal de Rancagua. Peor aún, no transparentó sus negocios pese a haberse realizados en un contexto electoral, donde Michelle Bachelet se encontraba como la favorita de las encuestas para lograr su reelección a la Presidencia de la República.

Ahora la gran solución del Gobierno es hacer pública la declaración de patrimonios e intereses de Sebastián Dávalos. Pero ¿Sirve realmente ahora tener dicha declaración, si nunca supimos su situación patrimonial e intereses al momento de ingresar al gobierno? Al parecer uno de los principales fines de dicho instrumento se perdió en este caso, hay información que nunca sabremos.

Es urgente que las autoridades administrativas y el Ministerio Público investiguen a fondo los hechos y actos relacionados con el Plan Regulador Intercomunal de Rancagua, para aclarar de frente a los ciudadanos la eventual ocurrencia del delito de tráfico de influencias. Pero también es muy urgente que Sebastián Dávalos entregue una buena explicación al país y que luego entregue su carta de renuncia.

La falta de prudencia, transparencia y probidad son los elementos claves de este caso, que se constituyen como un todo en un grave problema de ética. No tenemos alternativas jurídicas, nuestra ley es débil e incauta al momento de referirse a lo que en antaño conocimos como “Primera Dama”, ahora lo que nos queda es exigir las responsabilidades políticas, aquellas que desde el sentido común apelan por la renuncia de Dávalos, que venga a reparar en algo aquella confianza ciudadana cada vez más dañada.