Los datos personales a la deriva

En Chile los datos de las personas navegan por aguas tormentosas. Los gobiernos tienen legislaciones con distintos sabores: los europeos han creado agencia especializadas bajo el rótulo de Data Protection Authorities: es el caso de la Commission de la protection de la vie privée en Bélgica, la Agencia española de protección de datos, the Office for Personal Data Protection de la República Checa o The Information Commissioner’s Office de UK.

Las directrices Ocde sobre protección de privacidad se refieren a todos los datos de carácter personal: “cualquier información relacionada con un individuo identificado o identificable (sujeto de los datos)”. Sobre todo se debe proteger aquella información sensible, como mi ficha médica o mis consumos de remedios; o información sobre credos religiosos, ideología o el domicilio o localización. El año 2011 y 2012, el gobierno de Sebastián Piñera ingreso dos proyectos de ley relacionados: (1) uno que creaba un registro informático de obligaciones económicas -boletín 7886- , y (2) otros que modernizaba la protección de datos personales.

El primero era una legislación específica que me tocó seguir con detalle, que pretendía crear una mega base de datos que almacenara y tratara no sólo las deudas de la gente, sino las obligaciones que están al día como créditos de consumo, crédito de automóviles, cuentas, etc, etc. La novedad era que no sólo de los Bancos sino del Retail CCAF, Cooperativas incluso las cuentas de las autopistas o teléfonos quedarían registradas y a disposición de los agentes proveedores de créditos. Según sus patrocinadores, al existir más información existirían mejores condiciones de créditos para la gente. Obviamente las CCAF y el Retail se opusieron tenazmente a esta construcción informática que, además, sería administrada por la Superintendencia de Bancos, porque la supusieron una expropiación de la base de clientes.

El Boletín 7886 tenía una serie de principios precisamente para proteger los datos de las personas. Pero más tarde, el gobierno, el 2012, le puso suma urgencia a un nuevo boletín: al proyecto de ley que regula los datos personales y la vida privada. Era un paraguas legal que englobaba el primero, pero tenía varias imperfecciones: establecía un procedimiento judicial, que otorga mayores atribuciones al Sernac (algo así como Sernac, división Protección de Datos). El proyecto no apuntaba a la creación de una Agencia de Protección de Datos o una institucionalidad especializada que apoye a los titulares de datos que sienten menoscabado un derecho, ni difundía la necesidad de conciencia sobre la protección de datos personales en la sociedad. Factores de altísima importancia, especialmente por el creciente uso de nuevas tecnologías y las redes sociales. Existe poca coherencia actualmente, y un tema no resuelto es la dispersión de proyectos de ley que viene de años.