La necesidad de avanzar en transparencia 2.0 sobre el gasto público

El pasado 9 de mayo se cumplió un hito relevante en materia de transparencia de los datos del gasto público, y del cual Chile debería sacar lecciones: la publicación de los primeros datos abiertos estandarizados del gasto de las instituciones públicas estadounidenses en una plataforma única, derivado de una iniciativa firmada por el expresidente Barack Obama en 2014, el Digital Accountability and Transparency Act, o bien denominado “DATA Act”.

Este hecho sin duda alguna es relevante, ya que marca un nuevo estándar en términos de transparencia y demuestra la importancia de mejorar el acceso de los ciudadanos a la información del gasto de las instituciones públicas, no solo en contenido, sino también en forma. Pero, ¿qué pasa en Chile?

Nuestro país tiene un desafío pendiente en este aspecto, ya que, pese a que podemos encontrar datos del gasto público como transparencia activa o proactiva, o que podemos solicitar información adicional a todas las instituciones públicas vía la ley sobre Acceso a la Información Pública, la forma en que ésta se presenta genera grandes desincentivos para quienes se interesen en trabajar con ella, afectando negativamente la participación ciudadana y el control social sobre los fondos. Ejemplo de ello, es la forma con la cual la Dirección de Presupuestos publica datos del gasto público, en archivos separados para cada año y programa presupuestario de las instituciones del Gobierno Central, además, sin el debido desglose, por ejemplo, para subtítulos tan relevantes como el gasto público en personal. Otro caso ocurre con el gasto regional, el que se publica de manera incompleta en la plataforma de Chile Indica de la SUBDERE. A nivel comunal también se presentan situaciones similares, pues el Sistema Nacional de Información Municipal de la SUBDERE, impone ciertas restricciones al momento de querer descargar todos los datos en una sola base, para, por ejemplo, comparar la contabilidad de un municipio con otro.

Ante estos casos, el hecho de asumir que para el ciudadano el Estado es uno solo y que los mismos estándares debiesen ser aplicados, independiente de la institución que sea, debiera ser un eje principal en materia de transparencia y gobierno digital. ¿De qué sirve presentar grandes volúmenes de información, si como ciudadanos es poco lo que podemos aprovechar/interpretar de ella? Pero no todo está perdido. En el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto, Chile se comprometió a publicar un portal de datos abiertos del presupuesto público del Gobierno Central, el cual según el documento oficial ya debería estar publicado. No obstante, ello no ha sucedido aún, aunque dicho portal ya está desarrollado desde el 2014.

Sin duda alguna, en materia de transparencia presupuestaria existen también otras brechas importantes. Chile ha sufrido una importante caída en los últimos años en el índice internacional de presupuesto abierto: entre 2012 y 2015 pasó del lugar 16 al 28, siendo superado a nivel latinoamericano por Brasil, Perú, México y Argentina en aspectos que incluyen no solo la publicación de información comprensible y útil, sino también en las posibilidades que tiene la ciudadanía de participar en el proceso.

Ante esto, y entendiendo que estamos en época de discursos electorales, un compromiso del Estado de Chile para los próximos años debiese considerar darle un aire fresco a la transparencia fiscal, que logre quebrar el estancamiento observado de los últimos años y que sitúe a nuestro país a la vanguardia de la región. Una transparencia 2.0 donde el eje no sea solo la cantidad de información que se publique, que deriva muchas veces en parcializaciones de la misma en pro de ese objetivo, sino el de integrarla, evaluar su calidad, enriquecerla y presentarla de una forma que le haga sentido al ciudadano y le permita sacar conclusiones de ella. En el caso del gasto público, este modelo de gobernanza de los datos permitiría una verdadera rendición de cuentas públicas, y a su vez otorgaría mayores capacidades de gestión de las instituciones públicas a partir de una toma de decisiones más informada. Finalmente, y no menos importante, a partir de la mayor trazabilidad de la información, se aportaría en mayor eficiencia a la detección de duplicidades y malversaciones del gasto, capacidad que ciertamente ha hecho mucha falta en la actualidad.