Reflexiones acerca de la seguridad pública: una cuestión de convicción

Hemos sido testigos de cómo la opinión ciudadana es capaz de impulsar reformas en materia de seguridad pública. Los resultados de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) mostraron en el 2016 que la percepción de inseguridad aumentaba (en un 5% aproximadamente), cuestión que en definitiva motivó a la ley Anti Delincuencia acordada en el gobierno anterior, conocida como la ley corta. Esta normativa aumentó penas (muy desproporcionadamente) en relación a los delitos contra la propiedad y eliminó los atenuantes a los reincidentes, entre otras medidas. Además, aprobó el controvertido control de identidad preventivo, que en el oficialismo (actual oposición) no consiguió consenso.

Dicha ley no se podría considerar como un aporte a la seguridad pública. Recordemos que desde el infantilismo de algunas autoridades de aquel entonces se señaló: “vamos a meter con palas a los delincuentes a la cárcel”. Luego de esta medida fuera aprobada entre gallos y medianoche, ¿ha mejorado las tasas de victimización?, ¿existe una disminución significativa de los delitos?

Las causas de por qué se tienden a responder ante la delincuencia con aumento de sanciones a ciertos delitos se debe a varios factores, pero ciertamente esto no ha demostrado impacto relevante sobre la causa eficiente de la problemática, la que dice relación con que la política de seguridad pública ha perdido densidad política en su entendimiento en la misma relación en que se percibe una merma en la visión de sociedad por parte de los actores políticos. En efecto, se analiza más el fenómeno del delito y no las causas de la descomposición de la comunidad, ante eso se buscan respuestas en las nuevas tecnologías (drones) y/o en el aumento de patrullaje, en definitiva, en las medidas de control preventivo y persecución sin atender a las causas estructurantes que explican el aumento de la voluntad por delinquir.

La definición respecto a la estrategia efectiva a seguir es eminentemente política y cuando el tecnócrata ocupa ese espacio nos enfrentamos a un problema de visión. Se buscan respuestas solo en la comparación, conceptualización, en la evidencia internacional, en los números y en las estadísticas, pero por importante que sean estos elementos el problema social trasciende estos asuntos. La definición de la política en seguridad pública en sí conlleva convicciones. Cuando dejamos la carreta delante de los bueyes, es decir, al tecnócrata por sobre el político, comprendemos la razón de la pérdida del objetivo comunitario, cohesión social, inclusión, participación ciudadana y responsabilidad democrática. En este sentido, la agenda Anti Delincuencia del gobierno anterior tuvo un sello pragmático y ello permitió la convergencia de las banderas del Gobierno y la oposición de entonces en vista a sortear el malestar ciudadano ante la inseguridad que se vive y percibe, sin entrar a los temas sustantivos de la prevención del delito.

Nuestra sociedad está muy convulsionada, descreída y, sobre todo, desconfiada con las elites, por tanto, se busca empatizar con la opinión pública (que por definición es voluble), aunque sabemos que las propuestas de corto plazo y/o ancladas únicamente en las sanciones o control no serán efectivas para paliar el problema social y político que significa la delincuencia, como tampoco la fue la agenda corta antidelicuencia impulsada en el gobierno anterior.