La administración de una política indígena fracasada

No era necesario ser un gran estratega político o un visionario perspicaz para anticipar el rotundo fracaso de la Consulta Indígena, esto luego que el ministro Sichel anunciara la suspensión indefinida del proceso que tozudamente impulsó desde su inicio el ex ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, sino que simplemente había que leer adecuadamente la realidad y usar el sentido común.

Como es sabido, la Consulta generó el rechazó casi unánime de parte de todos los pueblos indígenas de Chile, lo que tal vez es lo único que hay que agradecer a este proceso absurdo, ya que logró algo inédito en nuestra historia, pues nunca nuestros pueblos originarios habían llegado a tal nivel de consenso y cohesión para rechazar una política indígena del Gobierno. Esto es tanto un éxito para nuestros pueblos -nos recordó la fuerza que tenemos-, como un fracaso político estrepitoso para el Ejecutivo.

Desde el momento mismo del anuncio de aquel intento fallido anunciamos su fracaso, y era necesario decirlo con claridad y fundamentos suficientes, para que no se nos catalogara de “obstruccionistas”, y es que la Consulta siempre tuvo vicios de origen que la deslegitimaron desde la concepción misma de la idea, todo lo cual se fue ratificando con la rebeldía de los hechos. Su diseño, su organización, su implementación, hasta el diseño de las preguntas fueron equivocadas y contrarias al espíritu de todas las normas internacionales sobre esta materia.

Sin embargo, mucho más allá de los problemas de forma este proceso tenía una intención de fondo, que fue lo que despertó la conciencia de pueblo que habita en cada indígena: se pretendió deliberadamente insistir en entender la tierra como un bien de consumo, y eso es inaceptable para nuestra visión del mundo.

Pero, como de cualquier mala experiencia hay que sacar lecciones para en el futuro no reincidir en los errores cometidos, es necesario hacer el recuento de los argumentos que hemos estado planteando insistentemente, destacando los cuatro puntos que hemos defendido.

El primero es que esta Consulta no cumplió con los parámetros mínimos del Convenio 169 de la OIT, ya que no fue un proceso de consulta libre, previo, ni informado. Cuando se comenzó ese proceso, solamente el Gobierno sabía lo que quería consultar, mientras que el artículo seis de dicho convenio habla del derecho a consulta a los pueblos indígenas cada vez que se hagan reformas que los afecten. Además, este experimento fue meramente ilustrativo porque carecía de un carácter vinculante, es decir, solo era un “saludo a la bandera” con el cual básicamente se buscaba modificar la ley entre cuatro paredes para beneficiar a los de siempre, menos a los pueblos indígenas.

El segundo punto, se refiere a que la Consulta planteaba la intención de flexibilizar el artículo 13 de la Ley Indígena, para que las tierras pudieran ser objeto de arriendo por 25 años y pudieran existir títulos de propiedad indígenas de carácter individual, lo que a fin de cuentas, significa dividir la unidad colectiva y unitaria que conforman la base de los pueblos indígenas de Chile. En este planteamiento subsiste la teoría política del Gobierno de Sebastián Piñera, que apunta a que los pobres deben privatizar lo poco que puedan tener, incluida sus tierras, para alcanzar en desarrollo. Lo que se debe entender es que esto simplemente no concuerda con la cosmovisión de los pueblos indígenas de Chile y del mundo.

Un tercer punto se refiere a un hecho concreto, pero a la vez simbólico, en cuanto a que se comprobó que funcionarios públicos del Estado, como el Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, y el jefe de gabinete del entonces Ministro de Desarrollo Social, Juan Longueira, (hijo de Pablo Longueira), han comprado tierras indígenas de manera ilegal e irregular. Esas tierras son parte de los Títulos de Merced, sin embargo, ambos argumentan que no tendrían calidad indígena porque las habrían comprado a la esposa de un mapuche. Esta interpretación maliciosa de la ley constituye un error absoluto, puesto que ese marco legal busca precisamente conservar y proteger la tierra indígena más allá de la relación conyugal existente, evitando la especulación mercantil que pueda hacerse de ella, tal como ocurre en estos dos casos.

Finalmente, el problema de fondo es que esta fallida Consulta Indígena solo pretendía proteger y legalizar las compras irregulares y hasta fraudulentas de tierras por funcionarios públicos de este y otros gobiernos, o de cualquier particular. Esto resulta ser lo más grave. En efecto, la pregunta número 8 de la consulta, indicaba que se podría “permitir el acceso a beneficios asociados a la calidad indígena solamente a personas con calidad indígena adquiridas por el artículo 2º letras a) y b) de la ley Nº 19.253”. Esto, deja fuera al artículo c) de la misma ley, el que señala “los que mantengan rasgos culturales de alguna etnia indígena, entendiéndose por tales la práctica de formas de vida, costumbres o religión de estas etnias de un modo habitual o cuyo cónyuge sea indígena. En estos casos, será necesario, además, que se autoidentifiquen como indígenas”.

¿Por qué dejan afuera del artículo 2 el punto “c”? La razón es muy clara, pues de esta manera se libera a los cónyuges de un indígena de la responsabilidad de salvaguardar tierras restituidas por el Estado a sus legítimos dueños ancestrales. Esta es la excusa que han utilizado tanto Ubilla como Longueira hijo, quienes sin el menor escrúpulo siguen defendiendo hasta hoy que esas tierras les pertenecen. Lo que deberíamos preguntarnos es, ¿cuántas otras personas o empresas, han utilizado este argumento para apropiarse indebidamente de tierras indígenas?

Recientemente, el nuevo Ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, ha señalado que esta consulta adoleció de “errores que cometimos en la fase de comunicación”, por lo que la iniciativa pasará a un estado de “pausa indefinida” para tomarse “el tiempo que sea necesario para evaluar como seguimos”. Al respecto, le decimos hoy categóricamente al Ministro Sichel que esta consulta, que terminó obligando al Presidente Piñera a buscar una “zona de protección” para el Ministro Alfredo Moreno, no tiene ninguna viabilidad, y que si persevera en ella solo terminará administrando una política indígena reconocidamente fracasada.