Mitigando efectos del cambio climático: políticas públicas con enfoque de género
"El reto es levantar una agenda de políticas de cambio climático que fomenten la igualdad de género, incluyan una nueva agenda urbana y rural, contengan una sinergia con los marcos normativos e institucionales, y se promueva la participación".
Camila Carrasco Hidalgo es Administradora Pública de la Universidad de Santiago de Chile y estudiante de la Maestría de Investigación de Políticas Públicas en Flacso-sede Ecuador.
“Las mujeres sufren más los efectos del cambio climático que los hombres”. Esta afirmación, planteada el 2014 por la directora de la ONU mujeres, tiene por objetivo promover un debate invisibilizado respecto a cómo se incluye el enfoque de género en políticas ambientales destinadas a mitigar los efectos del calentamiento global.
En muchos casos, se piensa que esta realidad es lejana a nuestras vidas cotidianas o también existe un desconocimiento que las mujeres emiten menos cantidad de CO2 que los hombres, según estudios hechos por FAO que analizaron pautas de consumo en 10 categorías, tales como consumo de carne, fumar cigarrillos y el uso de transporte privado. En muchas ocasiones, no pensamos que las mujeres estamos más vulnerables a esta realidad.
Chile es un país particularmente afectado por el cambio climático dada su condición geográfica y, en consecuencia, está expuesto constantemente a situaciones de transformación en diferentes zonas. Esto conlleva a migraciones forzosas, afectando a quienes son menos responsables como es el caso de las mujeres, que sufren mayores exposiciones a tipos de abusos, a problemas de salud, a normativas con grandes vacíos y una institucionalidad que, en ciertos casos, no considera esta problemática. Sin embargo, aún hay tiempo para asumir esto como una oportunidad de incorporar sistemáticamente el enfoque de género en las políticas públicas.
La crisis ambiental exacerba distintos niveles sociales y agrava la discriminación, perjudicando los avances que se han llevado a cabo para lograr la igualdad de género. Además, se debe tomar en cuenta la distinción de ser una mujer urbana o una mujer rural. Estas últimas tienen una relación más estrecha con los recursos naturales, por lo tanto, son más sensibles al cambio climático, pues su vida depende de la agricultura, lo que afecta en su economía local y su nivel de pobreza.
La doble inequidad (pobreza y desigualdad de género) aumenta las externalidades negativas en mujeres rurales y de quintiles más bajos, quienes cuentan con menos herramientas para enfrentar los veranos más secos, el aumento de aluviones o las sequías que perjudican las localidades, lo que se traduce en un impacto concreto hacia mujeres que trabajan su agricultura.
El enfoque de género es motivador del pensamiento crítico y en este contexto se releva la necesidad de comprender los argumentos físicos y sociales de la diferenciación entre hombres y mujeres, con el objetivo de proponer políticas públicas adecuadas a cada grupo de la población y de esta forma reducir las desigualdades e inequidades.
Cuando las autoridades deciden implementar políticas ambientales en sintonía con compromisos internacionales para mitigar la realidad climática, deben considerar el diseño y planificación incluyendo a las mujeres, para considerar sus demandas y necesidades, no obstante, no aplica cuando se nos trata como un “grupo sectorial”, sino que se debe reconocer que somos la mitad de la población.
En esta línea, se podrían hacer análisis y estudios sobre el aumento de la vulnerabilidad climática de las mujeres en áreas de impacto como la agricultura, energía, agua y saneamiento. Por ejemplo, en lugares que no existe el agua potable, las mujeres son las recolectoras y administradoras de ese recurso, como también, están más propensas a enfermedades ante la ausencia de este derecho.
El reto es levantar una agenda de políticas de cambio climático que fomenten la igualdad de género, incluyan una nueva agenda urbana y rural, contengan una sinergia con los marcos normativos e institucionales, y se promueva la participación. Avanzar en confrontar esta desigualdad a través de combinaciones de instrumentos, coordinaciones intersectoriales y voluntad política refleja la intensión de asumir un desarrollo sostenible inclusivo de las sociedades.
