A 2 Años de la Ley de Inclusión, ¿Vamos en la Dirección Correcta?
"El foco siempre ha estado en el sector privado, pero la Ley 21.015 no es sólo para ellos, entonces dejamos abierta una vez más la pregunta ¿Cuáles son las cifras de cumplimiento de los organismos del Estado?".
María José Escudero es Cofundadora y directora ejecutiva de Fundación Ronda
Si bien la Ley 21.015, ha sido la mejor política pública en temas de inclusión laboral, marcando un antes y un después para las 2 millones 836 mil 818 Personas con Discapacidad (PcD) que existen en Chile según la ENDISC II, aún persisten algunas zonas grises y demandas no resueltas que es necesario evidenciar.
Reconocemos a las empresas que han decidido ir más allá del cumplimiento, creando culturas que valoran el talento diverso, mientras que, por otra parte, el lado B y que es la gran mayoría, simplemente cumplen con lo exigido, es decir, hablamos de números o cuotas que en la práctica se llevan a cabo, pero dejando de lado lo más importante, que estamos hablando de personas.
Para generar espacios de inclusión efectivos, desde la mirada de nuestro modelo de Responsabilidad Social Inclusiva (RSI), se necesitan procesos de intermediación laboral o modelos de empleo con apoyo, que garanticen los derechos de las PcD, algo que en Chile no es exigido por esta Ley, a diferencia de muchos otros países.
Así mismo, de los 26 mil puestos laborales que estimaba el gobierno en el 2018 se abrirían en el sector privado, las últimas cifras de la Subsecretaría del Trabajo a febrero 2020, indican que sólo existen 19.303 PcD contratadas, de las cuáles, el 64,58% son hombres y el 35,31% son mujeres, evidenciando la gran brecha de participación laboral femenina, algo que nos preocupa al saber que además, en edad laboral de esta población, es mucho mayor el porcentaje de mujeres que de hombres, por lo que necesitamos con urgencia evaluar como fomentar la equidad de género en esta Ley.
El llamado es a que se potencie el empoderamiento para PcD y entornos cercanos, que se creen apoyos para disminuir la brecha en educación, que las empresas no sólo contraten en la capital, que se modifique la errada tipificación de multas para esta Ley, que como sociedad generemos conciencia para que las PcD dejen de ser vistas como sujetos de caridad y lástima, y que desde todos los sectores se cumpla la Ley 21.422, que otorga igualdad de oportunidades e inclusión social de PcD.
Finalmente, el foco siempre ha estado en el sector privado, pero la Ley 21.015 no es sólo para ellos, entonces dejamos abierta una vez más la pregunta ¿Cuáles son las cifras de cumplimiento de los organismos del Estado?
