La constitución de la OMS (Organización Mundial de la Salud) establece que la salud mental es un componente integral y esencial de la salud. Tanto es así, que sin ella no hay bienestar individual ni funcionamiento eficaz de la comunidad.
Como la OMS, son muchos los estudios que demuestran que la salud mental se asocia con el aumento de la creatividad y la productividad, mayor capacidad de aprendizaje y adaptación, comportamiento más sociable, y mayor habilidad de establecer y mantener relaciones sociales positivas.
El estallido social y la pandemia han evidenciado la importancia de la salud mental para sobrellevar las dificultades de un período convulso, marcado por largos meses de confinamiento y aislamiento forzado, además de la violencia, incertidumbre económica y polarización política.
Lamentablemente, la salud mental en Chile es una materia permanentemente relegada a un segundo plano. Muestra de ello, es que el estatuto que debería resguardar los derechos de las personas que padecen de enfermedades mentales está contenido en un mero reglamento de naturaleza infralegal -decreto N° 570 de 1998, del Ministerio de Salud- que más que propender a la prevención, recuperación y cuidado, se enfoca en el control e internación forzosa.
Más aún, los Planes Nacionales de Salud Mental implementados por dicho Ministerio, si bien son ambiciosos, nunca han estado acompañados del debido financiamiento, quedando a medio camino, o bien, cercanos a constituir letra muerta.
Hoy, que pensamos en la elaboración de una nueva Constitución, creo de vital importancia consagrar en ella el derecho de la salud y reconocer sus distintas dimensiones, que van más allá del cuerpo físico.
El hombre es un ser social por naturaleza, afirmaba Aristóteles ya en el siglo IV a.c. Necesitamos de otros y es por eso que vivimos en comunidad. Es nuestro deber entonces hacernos cargo de nosotros mismos y de la comunidad que nos rodea; de nuestra salud integral y del bienestar de Chile en su conjunto si queremos un mejor país.
