Los gobiernos regionales en sus desafíos de instalación y despegue

El 13 de junio, cuando se ejecutaron las segundas vueltas de las elecciones de gobernadores/as regionales en trece de las regiones de Chile, ocurrió la anhelada mayor descentralización y autonomía de esta escala, la que tuvo como primer detonante el ciclo de protestas de los años 2011, 2012 y 2013, hecho que entre otros, permitió un programa de Gobierno de la coalición política Nueva Mayoría que contempló sin complejos la temática, concretando en sus primeros 100 días de instalación la formalización de la “Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y la Regionalización”, la que emitió recomendaciones diversas, que “cuál más, cuál menos”, dieron soporte a los proyectos de ley que se discutieron en los diferentes trámites legislativos, permitiendo las leyes que posibilitaron este avance descentralizador.

Hay que recordar que el 17 de noviembre del año 2013, fue la primera elección directa de los/as consejeros/as regionales, paso sustantivo en la siempre centralista administración interior del Estado chileno, por lo que la elección directa de las nuevas autoridades regionales de este 2021 es la consumación de la primera batalla de este largo camino de más democracia, centrada en el valor de los territorios y de sus comunidades.

Si bien este avance es trascendental en el logro de más democracia genuinamente territorial, aún quedan varias dimensiones pendientes, entre ellas las referidas al financiamiento, donde el instrumento denominado “rentas regionales” se erige en uno fundamental, dado que estaría sincerando territorialmente cómo las bases impositivas debiesen tener mayores posibilidades de realidad, esto es, que iniciativas productivas en una u otra región tributen en ella los impuestos correspondientes, no como en la actualidad, donde la base impositiva relevante se va al centro estatal, succionada por el centralismo estructural. Sobra decir que quedan pendientes otras dimensiones significativas respecto al logro de la mejor gobernanza de la ciudad, cuando ella adquiere dimensión metropolitana y otras, referidas a la gestión de la seguridad pública regional, donde la figura del “delegado presidencial”, importante reminiscencia del centralismo presidencialista del régimen político chileno, que adelanta una insoslayable disputa de poder y coordinación con el/la legítimo/a gobernador/a regional.

Sin embargo, la elección del nuevo Consejo Regional de cada una las dieciséis regiones del País (que, recordemos, tendrá lugar en noviembre próximo), abre la opción para que las mismas puedan solicitar nuevas competencias y los recursos respectivos (financieros, administrativos, políticos) y de esa forma, avanzar hacia una nueva fase en materia de descentralización a escala regional. No será una tarea fácil, ya que como es sabido, la sesión de poder teórica ya es compleja de lograr, y su proyección práctica lo es aún más. Serán estas gobernaciones regionales las fundacionales y punta de lanza de este avance de mayor democratización del régimen político nacional, en un contexto de dificultades políticas previsibles.

En esa línea es importante, aunque solo parezca simbólico, que los/as futuros/as representantes del presidente/a de la república en la región (delegado/a presidencial regional) asuman su rol en materia de gobierno interior y seguridad y dejen el máximo espacio posible a las nuevas autoridades en las materias relacionadas con el desarrollo regional. Aquí se abre una oportunidad no simbólica, sino que muy material de pensar cómo mejor administrar la dotación regional de recursos naturales, donde el agua, sí o sí se transformará en agenda de trabajo, lo que ciertamente presionará la agenda no sólo del ejecutivo nacional, sino que también la legislativa con sus congresistas. Lo mismo ocurrirá con el cobre y el litio, entre otros recursos (pesqueros, silvoagropecuarios, suelos, áridos, etc.). Qué decir con los proyectos de inversión que deben concurrir no sólo al escrutinio de un sistema de evaluación ambiental, sino que también ahora más, a la deliberación de un consejo y de una autoridad regional, enteramente elegida por la ciudadanía donde, no quepa duda, será muy difícil que no se pronuncien sobre los impactos negativos que los mismos puedan generar, más aún, cuando los conflictos territoriales y socioambientales deriven a ese foro regional.

Lo anterior, conmina al nivel central del Estado de Chile a que entienda o asuma qué es lo que se pondrá en marcha en esta nueva etapa. Que asuma, por medio de sus diversos personeros, que la instalación del nuevo régimen político subnacional, en su expresión regional, debe ser apoyada y despejada de las prácticas burocráticas-centralistas, anquilosadas en las rutinarias gestiones entre el nivel central y el subnacional representado en la escala regional prioritariamente, pero también local.

Los/as gobernadores/as no son subordinados del nivel central en ninguno de los temas que la ley asigna como materias propias del Gobierno Regional (Gore), más allá de los temas pendientes, especialmente desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, canónica expresión centralista del Estado chileno, la que estableció una forma de relación asimétrica positiva para ella institucionalmente, en desmedro de las expresiones regionales y locales cuando de financiamiento se trata, a propósito de las denominadas “provisiones” del Fondo Nacional de Desarrollo Regional o de algunos aspectos del Fondo Común Municipal, que hoy día necesitan de una nueva mirada.

Este proceso no culmina con la elección directa de las autoridades regionales, sino que se inicia con ello y requiere también de una nueva Subdere, cuyo redimensionamiento en este nuevo escenario debe estar anclado al nuevo contexto nacional-institucional que se desencadena. El Estado central también debe ponerse al día, primero, completando la tríada de políticas nacionales que juegan un rol importante para las tareas de los GORE, esto es, las políticas nacionales de desarrollo urbano y rural (PNDU y PNDR respectivamente), y la aún pendiente política de ordenamiento territorial (PNOT, retirada de la Contraloría General de la República por la actual administración), y activando completamente a la Comisión Interministerial de Ciudad Vivienda y Territorio (COMICIVYT), responsable de la formulación y articulación de dichas políticas y del reglamento de los planes regionales de ordenamiento territorial (PROT), herramienta fundamental para las tareas que deben emprender las regiones en esta nueva etapa. Pero, el mayor desafío de dicha comisión será, a mediano plazo, contribuir a la adecuación de los instrumentos sectoriales a esta nueva realidad, de manera de garantizar para el conjunto de la sociedad chilena el mejoramiento de la calidad de vida, la inclusión social y la protección ambiental, en un marco de equilibrio entre la creciente autonomía regional y necesaria coherencia nacional.