Una oportunidad para avanzar en nuevo pacto social

El 2022, sin duda, será recordado como el año de los contrastes. Inició con una amenaza refundacional del sistema político, económico y social, que empujó el proceso constituyente, y terminó con un pacto constitucional que busca una segunda oportunidad para fortalecer la gobernabilidad y certidumbre que pusimos y riesgo, tras volver a entender, a tropezones, que no está garantizada y que hay que cuidarla.  

Durante los primeros 2/3 del año muchos tuvimos la sensación de que caminábamos por la cornisa con los ojos vendados hacia un abismo populista de insospechadas consecuencias.

Afortunadamente el contundente rechazo a la propuesta octubrista de nueva constitución el 4 de septiembre recién pasado, puso la pelota en el piso, sepultando los intentos refundacionales de los grupos radicales y promoviendo un espacio de conversación entre las distintas fuerzas políticas para avanzar en este acuerdo. 

Con la firma del nuevo acuerdo constitucional se inicia un nuevo ciclo político, que busca promover el diálogo y el consenso entre los distintos actores, sobre el reconocimiento de sus diferencias.

Debilitados quedaron los sectores radicales de nuestro espectro político que ganaron fuerza en los tres años en un contexto de violencia, fragmentación y populismo. Debilitados quedaron los grupos que intentaron sacar al sector privado de la ecuación y avanzar hacia una artificial y forzada plurinacional que dividía y no respondía a la realidad chilena. 

Paradojalmente, como una suerte de péndulo que cada cierto se repite, nuestro sistema político está volviendo a retomar la política de los acuerdos. Volverá la tan vilipendiada cocina para sacar adelante las reformas que plantea el nuevo proceso constituyente, que no es otra cosa que la conversación y la negociación política, que erróneamente demonizaron las ya no tan nuevas generaciones políticas. 

Nuevas generaciones que a la luz de los últimos acontecimientos han tenido que adaptarse a la realidad política. No les ha quedado otra, porque han comenzado a entender que hoy son los responsables de avanzar en las soluciones, aunque con nostalgia recuerden que era más fácil ser parte de los problemas.    

El resultado del plebiscito de salida sepultó el programa reformista del Gobierno del Presidente Boric, que se la jugó más allá de lo prudente por la opción apruebo, obligándolo, tras la derrota, a moderar su programa y a negociar (con muchas concesiones) con aquellos sectores que meses antes marginaron y cancelaron. Le pasó a la ExPresidenta Bachelet con el caso Caval, al exPresidente Piñera con el estallido social y le está pasando también al Presidente Boric. Todos, obligados por la realidad, tuvieron que guardar en un cajón su programa de gobierno y optar por avanzar en la medida de lo posible en sus reformas.  

Una prueba del bajo poder negociador del Gobierno es el nuevo acuerdo constitucional, en donde se impuso finalmente la fórmula que propuso de la derecha y la centro desde un comienzo.

En concreto, los partidos políticos acordaron un órgano integrado por 50 personas electas, que recibirá el nombre de Consejo Constitucional y que trabajarán en la nueva Carta Fundamental. Esto a partir del anteproyecto que redactarán un grupo de 24 expertos elegidos por el Congreso (12 designados por la Cámara y 12 por el Senado).

Curiosamente, 24 horas antes de que la ministra del Interior, Carolina Tohá, había descartado la posibilidad (de apoyar una convención mixta, “porque lo que viene inmediatamente después es garantizar que el Congreso va a tener la manija y eso nos parece adecuado”. 

La fórmula acordada finalmente entre las distintas fuerzas políticas busca generar las bases para promover el diálogo y los consensos en la construcción de la nueva propuesta de reforma a la constitución, eliminando para ello las distorsiones que se generaron en el proceso anterior.

También ha debilitado el poder negociador del Gobierno el factor económico, con una inflación que no da tregua y una economía en recesión, que podría comenzar a recuperarse recién el 2024. 
Un vecindario en problemas, como consecuencia de caudillismos, crimen organizado, narcopolítica, delincuencia y violencia también tiene un efecto moderador en la discusión política chilena. Este factor complica al Gobierno, porque mal que mal, los problemas se producen en las administraciones de izquierda que prometían ser la supuesta respuesta a un modelo neoliberal agotado y extractivista.

A lo anterior se suma la aprobación de la administración de Gabriel Boric, que el 11 de diciembre cumplió nueve meses en el poder.  De acuerdo a la última encuesta Criteria de noviembre, la aprobación al mandatario es de un 30%, la más baja de su gestión, mientras que la desaprobación llega al 56%. 

Como bien sabemos, a menor nivel de aprobación menor es la capacidad del gobierno para avanzar en su agenda legislativa, porque la oposición aumenta el precio de la negociación y porque los parlamentarios oficialistas comienzan a ver la conveniencia de desmarcarse e incluso ponerse en contra del Gobierno. 

En este contexto, la Agenda Legislativa y las reformas del Gobierno que actualmente se tramitan en el Congreso se ponen muy cuesta arriba y con bajas probabilidades de que se despachen tal cual como fueron ingresadas.

Cabe recordar que el Gobierno no cuenta con la mayoría en el Senado y, por lo tanto, una vez que las reformas tributarias y pensiones ingresen a segundo trámite entrarán en un profunda revisión y negociación por parte de la oposición, que tiene los votos para cambiarlas. Está pasando con el proyecto royalty, que ha sido reformulado dos veces por el Gobierno en la Comisión de Minería del Senado, precisamente por los cuestionamientos de Chile Vamos y del sector privado.

Si bien al cierre del 2022 comienzan a soplar con más fuerza los vientos de moderación en nuestro sistema político, dada la tendencia pendular antes señalada, el llamado es mirar con cautela el proceso constituyente que recién comienza y poner atención en cómo nuestros honorables enfrentan la recesión económica “pensando en la gente”. Porque si bien hasta ahora la crisis económica ha ayudado a poner paños fríos al reformismo y al populismo, de profundizarse la recesión y en la medida que se acerquen las elecciones, la amenaza populista puede volver a instalarse y validarse en nuestro país, como ocurrió con los retiros del 10% en plena pandemia.

Con todo, el acuerdo constituyente abre la posibilidad de avanzar hacia un nuevo pacto social que le de gobernabilidad por los próximos 50 años a nuestro país. Aprovechemos la oportunidad, escuchemos, planteemos nuestros puntos de vista y busquemos consensos sobre nuestras diferencias. Tenemos una experiencia muy reciente y muchos ejemplos en el vecindario del alto costo que genera la división y la violencia. No seamos ingenuos.