El Consejo de Reactivación Educativa, su rol crítico y urgente

El Presidente de la República y el Ministro de Educación dieron a conocer recientemente el Plan de reactivación educativa. Luego de casi dos años de suspensión de las clases presenciales, con un alto número de estudiantes que abandonaron el sistema, un aumento del ausentismo escolar, los problemas socioemocionales y de convivencia y la pérdida de aprendizajes, se hacía imperativa una estrategia para enfrentar estas situaciones. Parte importante de las medidas parecen ser un cambio en la escala de lo anunciado en mayo del año pasado. El mayor interés lo tiene la creación del Consejo de Reactivación Educativa, porque está llamado a hacer la diferencia y agregar visión y sentido nacional a esta tarea.

El Plan presentado el pasado 16 de enero, aumenta el programa de convivencia y salud mental de 60 a 100 comunas y el Programa habilidades para la vida a 3.000 establecimientos; agrega a la estrategia de lectura y escritura, un “kit” de apoyo pedagógico para revertir el rezago lector entre 2° y 4° Básico y el aumenta el apoyo de 10.000 a 20.000 tutores para trabajar con unos 80.000 estudiantes (50.000 el año 2022); también se incorpora equipos territoriales para mejorar la asistencia y revincular estudiantes al sistema. Se incluye, además, recursos para infraestructura y conectividad educativa (188 mil millones de pesos).

Subsisten zonas grises en estos anuncios relacionadas con las opciones de solución seleccionadas, con sus alcances y con los instrumentos de monitoreo y evaluación de sus resultados. El Consejo debiera dedicar buena parte de sus esfuerzos a ordenar estas debilidades. Los programas anunciados no solo parecen “paquetes centralizados y cerrados”, sino que omiten siempre tres consideraciones sustantivas: hacer sistema con el establecimiento educacional, con sus procesos, necesidades y sus estrategias de mejoramiento (Proyecto Educativo, Plan de Mejoramiento y Plan anual), vincular las propuestas con los procesos y rutinas pedagógicas y curriculares del centro educativo (planificación curricular, trabajo en el aula o el taller, evaluación del aprendizaje) y, en tercer lugar, articular los anuncios con procesos de apropiación y compromiso de las comunidades educativas (sostenedores, directivos, docentes, estudiantes y familias), incluyendo espacios para que ellas asuman y aborden soluciones propias.

Respecto de los alcances, parece claro que las propuestas serán siempre marginales en relación con las necesidades y el universo potencial afectado por los problemas que se quiere abordar. Por ejemplo: sólo 2° y 4° Básico, cuando los rezagos se ubican en todos los cursos; apenas el 15% de los estudiantes de 2° y 4° Básico con apoyo de tutores; foco en comprensión lectora, como si matemáticas, ciencias o arte no tuvieran dificultades; 100 comunas con apoyo en convivencia, lo que es menos de un tercio de ellas. Y, por cierto, como no se hace sistema con los actores y procesos del establecimiento educacional, será muy difícil sostener o ampliar las soluciones anunciadas.

La ausencia de definiciones e instrumentos de información acerca de los resultados que se proponen los programas anunciados, su avance y evaluación, es muy preocupante. El Plan anunciado no informa los resultados del año anterior, no habla de éxitos o de dificultades en medidas que hoy aumentan su cobertura. ¿Cómo saber si lo que se ejecuta logra los resultados propuestos?, ¿Por qué se mantienen iniciativas si no se sabe muy bien cómo y dónde funcionan o si definitivamente no dan resultados?, ¿Cómo resultó el compromiso de las escuelas de educación de las universidades con sus estudiantes de pedagogía? Hasta ahora las metas propuestas se refieren a quién lo hará y cuánto se invertirá y no a cuánto mejorará la comprensión lectora, o en qué medida disminuirán los actos de violencia escolar o a cuántos estudiantes se espera que retornen al sistema, o en cuánto mejorará la asistencia escolar. Por cierto que esto debiera incluir la diversidad territorial y de cada establecimiento educacional. Eso, que es lo sustantivo, no está en los anuncios.

El Consejo está llamado a hacer un aporte significativo para paliar estas debilidades. Su composición y la trayectoria de sus integrantes aseguran propuestas consistentes y fundadas. Urge una visión compartida y de Estado, que proponga alternativas inmediatas y proporcionales a la magnitud de los problemas, que facilite la implementación de políticas curriculares, socioemocionales y pedagógicas, teniendo el incremento de las capacidades de las comunidades educativas como su propósito central. Y, por cierto, con un sistema de información riguroso, que revisa y comunica los avances y evalúa los resultados.