Anteproyecto constitucional: hagamos un balance

Ayer asumieron sus cargos los 50 consejeros que continuarán el trabajo de los expertos, con el objetivo de redactar y posteriormente aprobar, una nueva Constitución Política. Parece ser mayoritaria la opinión que el anteproyecto emanado de los expertos es un buen documento base, que contiene elementos positivos. La presidenta y vicepresidente de la Comisión de Expertos presentaron el texto a quienes toman la posta en un ambiente cordial y solemne. La ceremonia fue sobria y primó un clima político de cierto optimismo.

En el caso de educación, usualmente una de las áreas en que lograr consenso es más difícil, el anteproyecto cumple con dar continuidad al sistema conservando pilares básicos como la libertad de enseñanza y el derecho a la educación. Esto es positivo, porque un sistema tan complejo como el educativo no debiera sufrir cambios radicales por efectos constitucionales. Sin embargo, también tiene un lado negativo. Corre el riesgo de “congelar” nuestro sistema educacional a lo que es hoy. Nadie puede decir que está conforme con la educación chilena, y quizás, con mucha prudencia y reflexión, la nueva Constitución podría orientar el desarrollo futuro de la educación.

Entrando con algo más de detalle en el anteproyecto, es valorable la claridad con la que se expresa la libertad de enseñanza. Asimismo, como un cambio positivo y relevante, destaca la inclusión explícita de la educación pública en el texto.

Pero también hay algunas omisiones y errores, surgidas en su mayoría de las enmiendas. Se observa, en primer lugar, un mayor control estatal de la educación, sin claridad de sus límites. El Estado debe tener un rol de fomento, promoción de la educación y de coordinación del sector público, no del particular subvencionado. Este refuerzo del rol estatal sobre la totalidad del sistema educativo corre el riesgo de convertirse en más control, conducción y burocracia, lo que eventualmente lleva a la politización y a la captura por grupos de interés.

La redacción del derecho preferente de los padres no cumple con los estándares internacionales. Los titulares del derecho son los padres y tutores legales, no las familias como parece confundir el anteproyecto. Este es un error que se arrastra de las bases acordadas, pero puede corregirse fácilmente complementando que los titulares de este derecho son los padres o tutores legales. A su vez, dicho derecho debería ser parte del derecho a la educación, ya que es una forma de resguardar y proteger el derecho a la educación de los niños.

La eliminación del inciso sobre Reconocimiento Oficial, que no se discutió públicamente al menos, es un problema mayor. Este elemento es y ha sido clave para dar continuidad y certeza jurídica al sistema educativo respecto de cuáles son las condiciones mínimas que debe cumplir un establecimiento de cualquier nivel para ser reconocido por el Estado. En simple, es una garantía de que el Estado no puede cambiar las reglas básicas de la educación abusando de una mayoría política simple, y fuerza que los estándares mínimos para que un colegio funcione sean de consenso.

¿Qué podría agregarse? Idealmente, no demasiado, pero algunas innovaciones podrán ser positivas. Por ejemplo, se debiera asegurar el respeto de la igualdad ante la ley mediante un financiamiento no discriminatorio de la libre elección entre la educación estatal y privada. Esto permitiría detener la progresiva discriminación que las sucesivas políticas han usado como tesis que se requiere “quitar los patines” a la educación particular subvencionada para que a la pública le vaya mejor. Nada más equivocado. Finalmente, y apuntando a lo mencionado anteriormente sobre control y burocracia estatal, es necesario reforzar la autonomía de los centros educativos del Estado. Hoy, las potestades casi ilimitadas y muchas veces arbitrarias e ineficientes de las superintendencias representan una permanente espada de Damocles sobre los colegios e instituciones educativas. Es necesario reequilibrar esa relación.

Hay espacio para que los consejeros constitucionales electos puedan mejorar esta propuesta. Es relevante también que el texto final no sea solo una foto del momento, sino que contenga elementos que permitan proyectar la educación hacia el futuro. No de la mano del Estado, pero si como una tarea de la sociedad a la cual el Estado puede contribuir.