Un ingreso mínimo y garantizado
El IMG chileno podría mejorarse, incrementando su tamaño y cobertura. Y para financiarlo, el Estado podría reasignar recursos desde programas gubernamentales mal evaluados y transferencias monetarias ineficientes.
En 2014, Chile era el país de la OECD con la menor efectividad de sus transferencias e impuestos en la redistribución de ingresos.
Bastián Romero es investigador de la Fundación para el Progreso
“Resulta que a la gente le gusta recibir dinero gratis”, señalaba The Economist en 2021 respecto de un programa experimental de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) —financiado por privados— en Stockton, California. Comenzando en febrero de 2019 y extendiéndose por 24 meses, 125 personas adultas de esa ciudad fueron escogidas de forma aleatoria para recibir $500 dólares mensuales sin condiciones.
Después de los primeros 12 meses del programa, los resultados fueron esperanzadores: contrario a lo que algunos esperarían, las transferencias monetarias no incentivaron a las personas seleccionadas a no trabajar, sino que, más bien, las ayudaron a encontrar trabajos de jornada completa. Además, comparadas a un grupo control de individuos que no recibieron el dinero, las personas que sí lo recibieron mostraron una mejor salud mental y una mayor realización de sus objetivos personales.
Aunque los resultados de este programa se volvieron borrosos con la pandemia —porque muchas personas perdieron sus trabajos y, porque el gobierno de EE. UU. agrandó y aumentó la frecuencia de las transferencias monetarias provenientes del Estado—, lo que se alcanzó a observar bajo condiciones económicas normales fue que un IMG podría traer beneficios sin alterar el marcado laboral de forma negativa.
Además, el mercado en general sufriría mínimas alteraciones, ya que, a diferencia de regulaciones, programas gubernamentales y subsidios, el IMG mantiene las señales de precios que son necesarias para que los agentes del mercado asignen recursos de forma óptima.
Más aún, una investigación de 2019 de la OECD muestra que, en promedio, las transferencias monetarias son responsables de ¾ de la redistribución de ingresos, mientras que solo ¼ de ella se explica por impuestos a la renta y contribuciones de seguridad social.
Existen múltiples variaciones de diseño de un IMG. En Stockton, se implementó sin condiciones de empleabilidad, fue focalizado por ubicación —ya que solo podían postular al beneficio las personas que vivían en áreas de ingresos bajos— y la transferencia era idéntica para todos los beneficiarios sin discriminar por nivel de ingresos.
El diseño de las transferencias monetarias es crucial, ya que, de ser malo podría terminar dañando incluso a quienes más se pretende ayudar. Por ejemplo, según la OECD, en el Chile de 2017 existían al menos 23 programas de transferencias monetarias que, en suma, destinaban 28% de las transferencias al 20% más rico, mientras que solo 18% de ellas llegaban al 20% más pobre.
En la actualidad, la mayoría de los economistas que favorecen el IMG optan por que éste tenga limitaciones que ayuden a reducir la informalidad y que sea progresivo. Así, el Subsidio Ingreso Mínimo Garantizado que existe hoy en Chile pone como condición que el beneficiario debe estar empleado formalmente para recibirlo —también conocido como Impuesto Negativo al Ingreso del Trabajo (INIT)—. Además, el monto de la transferencia varía según el nivel de ingresos del beneficiario: a mayor sueldo, menor el monto recibido, y lo máximo que puedes ganar para ver algo de este beneficio es $497.272 pesos brutos mensuales.
La evidencia que respalda los efectos positivos de un IMG es contundente en Chile y en el mundo. Un buen diseño con acertadas limitaciones mantiene los beneficios de las transferencias y minimiza los posibles efectos negativos que éstas podrían tener en la economía y en los incentivos de los trabajadores. Sin embargo, en 2014, Chile era el país de la OECD con la menor efectividad de sus transferencias e impuestos en la redistribución de ingresos.
Por ello, el IMG chileno podría mejorarse, incrementando su tamaño y cobertura. Y para financiarlo, el Estado podría reasignar recursos desde programas gubernamentales mal evaluados y transferencias monetarias ineficientes hacia el IMG, como propone Sapelli. Además, debemos evaluar otras formas de focalización, como la focalización por ubicación usada en Stockton que podría expandir el beneficio otorgado por las transferencias mediante efectos de vecindario: todos nos beneficiamos si el área en que vivimos tiene mayores recursos.
