Movilidad laboral en Chile

La movilidad laboral es un tema que ha quedado bajo la alfombra en el debate político. En un contexto donde se busca reimpulsar nuestra economía, facilitar el tránsito de los trabajadores entre empleos es fundamental para corregir problemas estructurales propios de nuestra legislación laboral. Al respecto, Chile es el sexto país a nivel OCDE con mayor rigidez en la legislación de protección al empleo y somos, por lejos, la nación que otorga más meses de indemnización por terminación de contrato. Mientras en Chile una persona que trabaja diez años en una empresa recibe 10 últimos salarios al momento de una terminación de contrato, en los países de la OCDE esa cantidad se reduce a, en promedio, tan solo 3,21 sueldos.

Aunque estas restricciones protegen a los trabajadores, generan efectos negativos sobre su movilidad laboral. Esto se debe a un mayor costo de oportunidad de renunciar, ya que se evita perder la indemnización correspondiente ante una terminación anticipada del contrato. Como resultado, se experimenta una disminución en los niveles de salario y productividad, ya que se dificulta el tránsito a empleos que se ajusten mejor a las habilidades y conocimientos de los trabajadores. Adicionalmente, debido a los mayores costos que las empresas deben anticipar por el pago de eventuales indemnizaciones, se establece un menor nivel de contratación, desalentando así la creación de empleo.

Para hacer un juicio crítico en esta material, es fundamental analizar el otro complemento del sistema de protección ante el desempleo: el Seguro de Cesantía. Este instrumento, ampliamente utilizado durante la pandemia para proteger el empleo, es financiado casi en su totalidad por el trabajador y el empleador, con un muy bajo aporte del Estado en caso de que el cotizante no logre alcanzar los pagos mínimos mensuales. Al respecto, somos una anomalía a nivel mundial en esta materia, con un gasto público de solamente 0,07% del PIB en protección ante el desempleo, lejos del 0,58% promedio de las naciones OCDE.

Se podría argumentar que, además, dada la baja participación del Estado en la protección del desempleo, una alta indemnización por terminación de contrato se justifica para compensar un Seguro de Cesantía que, quizás, no tiene un volumen de cotización suficiente para financiar los pagos mensuales ante un despido. Este argumento no se sustenta en la evidencia. En esa línea, el porcentaje que se destina a dicho seguro es de un 3% del salario para los trabajadores con contrato fijo e indefinido, lo que nos deja por sobre el nivel de cotización promedio de los países desarrollados y emergentes, que cotizan, en promedio, 2,6% y 1,5% de los salarios, respectivamente, según datos del ISSA.

En consecuencia, si queremos dar mayor dinamismo a nuestro mercado laboral y, de esta forma, reducir las distorsiones ya mencionadas, es crucial lograr que la carga que se llevan los trabajadores y empleadores por la protección ante el desempleo se alinee con los estándares mundiales en la materia y que, además, el Estado de Chile tome un rol más preponderante en la protección laboral. Si bien impopular, es crucial reconocer la relevancia de estas restricciones en el progreso de los trabajadores. Todos los intentos de reforma que se han intentado en esta materia se han encontrado con una férrea oposición -muchas veces sin argumento técnico alguno- del mundo político, debido al costo en términos electorales que trae modificar nuestra legislación actual. Abordar este desafío con una visión de largo plazo por parte del Estado implicará una tarea compleja, pero necesaria en el actual panorama de reactivación económica.