Los ángeles también necesitan autoridad

Autoridad, ¿es ineludible contar con ella de cara a garantizar nuestra convivencia social, o acaso podemos prescindir de ella? La pregunta en torno a la legitimidad de la autoridad ha estado presente desde la Antigüedad en el desarrollo de la filosofía política, y múltiples respuestas se han dado a ella.

Algunos la han entendido como un elemento necesario, atendida la perversidad o maldad innata de la naturaleza humana, de modo que la “razón de ser” de la misma radicaría en la capacidad de promover la felicidad de la sociedad al restringir los vicios de los individuos que la integran. Esta visión permeó durante siglos e influyó en el desarrollo de las democracias. El mismo Madison, uno de los padres fundadores de la democracia en Estados Unidos, y uno de los autores de El Federalista, sugirió que “si los hombres fueran ángeles, el Estado no sería necesario”.

Sin embargo, esta visión más negativa no es la única posible. También se ha esbozado la idea de que la justificación de la autoridad no se hallaría en los males de la sociedad, sino más bien en la necesidad que le asiste a sus miembros de actuar coordinadamente para alcanzar algunos objetivos comunes, tales como la coexistencia pacífica. Por eso, por mucho que fuésemos ángeles, igual necesitaríamos de autoridad, puesto que ésta permitiría que el objetivo compartido último de toda sociedad -que es el bien común- pueda ser abrazado.

Es en ese sentido como se entiende que la acción del Gobierno estaría legitimada para hacer frente a las acciones de los individuos que atenten contra este objetivo. De esto se seguiría no solo la necesidad de tener que respetar y cumplir las leyes, sino también la justificación a que el ejercicio de la autoridad pueda coartar la libertad o incluso castigarla, con la imposición de una pena, por ejemplo, frente a conductas que contravengan esas mismas normas.

Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el presente chileno? Aunque lo anteriormente señalado pueda verse algo teórico, la realidad de nuestra contingencia se esmera en contravenir esto, pues el espacio público se ha convertido en un escaparate de incivilidades y transgresiones que no son sancionadas. Y, lo que es más grave, es que puedan ser perpetradas a vista y paciencia de todos: ferias y vendedores ambulantes, barrios tomados y extorsiones por terrenos, presencia y control del narco, evasión del transporte público, playas anegadas en parlantes, perros y comida ambulante, calles grafiteadas y edificios públicos vandalizados (la obra instalada en el Parque Cultural de Valparaíso y financiada con Fondart supera todo límite de sensatez y racionalidad) son expresiones de esto.

Otro ámbito que se ha visto fuertemente golpeado por la pérdida de apego a la autoridad ha sido el educativo. En no menor medida, y en esto pareciera haber un amplio consenso, parte del deterioro que ha venido experimentando la educación pública en los últimos años se explica a partir del erosionamiento de la autoridad docente. Aunque cabe acotar que a esto han contribuido los mismos profesores que incentivan el relativismo frente al conocimiento, el absolutismo de la voluntad y de las creencias de los estudiantes, así como también al esforzarse por llevar a una relación horizontal con ellos, como si el docente tuviese, de cara el éxito del proceso de formación, que hacerse amigo de sus alumnos.

Y aunque cada uno de los fenómenos anteriormente mencionados puede obedecer a causas heterogéneas, el efecto que pueden generar es compartido: si se termina por claudicar y asumir que todo vale o está permitido, y por ende que la impunidad es la regla. Cuando eso sucede la consecución del bien común se torna en una mera broma pesada; un horizonte carente de significado compartido que oriente o sirva de faro a la sociedad. Y es precisamente por esto que, frente a la primera pregunta, la respuesta es sí, pues sin el ejercicio de la autoridad la convivencia social y política de una comunidad es inviable.

Lo peor de todo es que, a estas alturas, no debe extrañarnos que hayamos llegado a este punto, pues no es sino la consecuencia inexorable que se sigue cuando persistentemente una parte de la política y de las instituciones públicas se ha abocado a denostar las reglas y celebrar —cuando no incluso a premiar, como se ha visto en los últimos días— las incivilidades en lugar de no sancionarlas cuando ha debido hacerlo.