El derecho a la educación y la inclusión

Entre el 2008 y el 2018 la institucionalidad de la educación chilena cambió significativamente: se dictaron la Ley General de Educación (2008), la ley de Inclusión (2015), la Ley que creó los Servicios Locales de Educación (2016), la Ley de nueva carrera docente (2016), se inició la gratuidad (2016) y se cambió la gobernanza de la educación superior (2018).

Esta agenda fue impulsada por quienes hoy están en el gobierno, desde las movilizaciones estudiantiles y, posteriormente desde el Ministerio de Educación y la Cámara de Diputados. Se trataba de terminar con las grandes desigualdades, promover la inclusión y fortalecer la educación pública, a través de la gratuidad, el fin del lucro, el fin de la selección y la desmunicipalización.

Los hechos que estamos viviendo hoy demuestran que esas reformas no han tenido los resultados esperados, a pesar del enorme aumento de la inversión pública en educación que, entre 2013 y 2022, aumentó un 52% real (US$76.000 millones) llegando a representar casi el 25% del PIB. (Gasto público, datos de Dipres, 2013-2023).

Al contrario, hay menos inclusión cuando aumentan la inasistencia y la deserción escolar; cuando los liceos emblemáticos han dejado de ser espacios de calidad y movilidad social; cuando los resultados educativos- aún cuando hubo una mejora de los niveles post pandemia en el Simce 2023- siguen siendo más bajos de los obtenidos una década atrás; cuando miles de niños están sin matrícula al inicio del año escolar; cuando los nuevos servicios locales de educación muestran severos problemas de gestión.

La conclusión es que el Ministerio de Educación de este gobierno ha sido incapaz de garantizar adecuadamente el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Ha carecido de liderazgo para impulsar la recuperación educativa tras la pandemia con efectos devastadores en los aprendizajes, la salud mental y la violencia, y ha demostrado serios problemas de gestión, como lo revela la incomprensible situación que han vivido treinta mil estudiantes en el caso del SLEP de Atacama y la falta de matrícula al inicio de este año escolar.

El ministro Nicolás Cataldo se excusa por esta falta de matrículas diciendo que ha aumentado la demanda como consecuencia de la inmigración y no hay oferta para atenderla.

¿Cómo se explica que el ministerio carezca de diagnóstico oportuno para prevenir una situación tan evidente y no se adelante a los hechos que reconoce?

Se intenta endosar la responsabilidad a los padres, al cierre de colegios por parte de privados, a los gobiernos anteriores, a la pandemia, pero lo único real es que quienes hoy están en el Ministerio de Educación tenían la oportunidad y la obligación de ampliar y mejorar la educación pública que tanto han defendido y no lo han hecho.

Es tiempo de revisar los efectos de las reformas que se han implementado los últimos años, no para volver atrás, sino para resolver los muchos nudos críticos que éstas evidencian, entre ellos, el efecto de la prohibición de seleccionar en los liceos emblemáticos y los problemas del sistema de selección y las limitaciones para garantizar el servicio educativo en todos los lugares de Chile dificultando la participación del sector privado.

Todo esto ha significado que en la actualidad hay menos y no más inclusión. Para revertirlo el ministro debe buscar la colaboración y los acuerdos necesarios, en vez de echar la culpa al empedrado. Mejorar la educación requiere siempre un propósito claro y compartido. No hay tiempo que perder para enfrentar la magnitud de la crisis que estamos enfrentando.