En las últimas semanas, se ha hablado bastante respecto de la inclusión y de las complejidades que supone tanto para los profesores como para los estudiantes y sus familias. Desde la implementación de primeras políticas inclusivas hasta ahora, hemos visto muchos casos de discriminación hacia personas con discapacidad en entornos escolares, y últimamente ha llamado la atención el caso de docentes que han sido agredidos por sus alumnos con necesidades educativas especiales. Sin embargo, estas noticias solo reflejan los puntos más altos de una crisis de la educación inclusiva que lleva años desarrollándose, y que requiere de múltiples acciones para encontrar solución.
La inclusión supone un ejercicio de justicia, en el que todos quienes formamos parte de la sociedad, podemos compartir en las mismas condiciones los diferentes entornos sociales. En el caso de la escuela, estas condiciones se relacionan con el acceso a un sistema educativo de calidad que se ajuste a las necesidades de cada uno de las y los estudiantes.
De acuerdo con lo descrito en la ley 20.422 que establece las normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social, todos los establecimientos educacionales deben recibir a los estudiantes con necesidades educativas especiales, generando las adecuaciones necesarias para su acceso a una educación de calidad. Esto incluye a todos los establecimientos de educación parvularia, básica y media, incluso, a los colegios particulares pagados, que desde este año deben contar con una cuota inclusiva, pero ¿se dan las condiciones para que todos los estudiantes reciban una educación de calidad? ¿Están los colegios preparados para dar respuesta a las necesidades que plantea un aula diversa?
Muchos docentes de aula regular plantean que no están preparados para atender a estudiantes con necesidades educativas especiales, pero finalmente, estén listos o no, la diversidad se ha impuesto como la norma y los establecimientos educativos regulares reciben año a año a miles de estudiantes con múltiples condiciones.
En Chile, existe una subvención especial para que las escuelas puedan atender a los estudiantes que las presentan. Sin embargo, también se plantea un límite para la inclusión, permitiendo incluir en los programas de integración solo a personas con ciertas condiciones y a un determinado número de estudiantes por curso. Cada aula de educación regular podrá recibir 5 estudiantes con necesidades educativas especiales transitorias y 2 con permanentes, pero ¿responde esto realmente al panorama actual?
No es extraño escuchar a docentes de escuelas regulares comentar respecto de la situación de las salas de clases. En muchos casos, la presencia de estudiantes con necesidades educativas especiales es mucho mayor que la determinada por la ley, y por lo tanto, los recursos otorgados por el Estado, se hacen de por sí insuficientes. Esto fuerza a los establecimientos educativos a buscar de manera independiente diversas formas para dar respuesta a la diversidad no contemplada dentro de los proyectos de integración, realizando grupos de apoyo, incluyendo a los estudiantes que quedaron fuera como “amigos o becarios del PIE”, o simplemente escogiendo a aquellos estudiantes que recibirán los apoyos en función de aspectos subjetivos asociados a las posibilidades de éxito del programa.
En definitiva, vemos que las escuelas se esfuerzan por buscar soluciones, sin embargo, estas muchas veces pasan por la buena voluntad o por la sobrecarga laboral de profesores de aula regular, educadores especiales y profesionales de apoyo, o simplemente terminan en la exclusión de aquellos estudiantes que puedan parecer menos prioritarios. Pero, ¿es esto verdaderamente inclusivo? Nuestro marco legal ha avanzado mucho, pero el sistema requiere avances concretos que puedan solucionar las dificultades reales que se ven en las salas de clases. Es necesario pasar de la idea a la práctica.
No podemos hablar de inclusión si la estamos haciendo a medias, la inclusión supone que todos y todas recibamos los apoyos necesarios para acceder a una educación de calidad, y esto no puede estar sustentado en casualidades y buenas voluntades. La inclusión requiere de recursos humanos y materiales que deben estar garantizados por el Estado, es hora de implementar las medidas sobre la base de esfuerzos concretos y no por medio de la presión hacia un sistema educativo que muchas veces parece estar apunto de estallar.
