Estos son los argumentos de la Segegob para negar informes del monitoreo

El 22 de junio una profesional, que prefiere mantener su nombre en el anonimato, ingresó a la Secretaría General de Gobierno (Segegob) una solicitud de información que buscaba -en virtud de la Ley 20.285- conocer los informes preliminares que la empresa BrandMetric entrega al Gobierno, en razón del servicio de monitoreo de las redes sociales que presta desde el 20 de junio de 2011.

Veinte días hábiles después, y tal como lo establece ley, el ministerio le respondió asegurando que: “la entrega de la información solicitada no procede, por cuanto el contrato suscrito con BrandMetric S.A. implica una plataforma virtual que no proporciona informes sino un panel para la revisión de tendencias”.

Paralelamente, y sin estar al tanto de la solicitud presentada ante la Segegob, el diputado Marcelo Díaz (PS) recurrió al Consejo Para la Transparencia (CPLT) para que se pronunciara sobre la decisión del gobierno de “revisar, mediante sistemas informáticos, el contenido de los mensajes que se refieran a temas de su interés y que se transmitan en las redes sociales, además de la ubicación geográfica de sus autores”.

Teniendo presente esas consideraciones, el CPLT señaló que “en el entendido que nos encontremos frente a un tratamiento de datos personales, lo gravitante es si el órgano público ha actuado dentro de su competencia, por lo que, el Ministerio Secretaría General de Gobierno deberá señalar de qué manera se encuadra dentro de su competencia (establecida en la Ley N° 19.032 de 1991 y el DFL N° 1 de 1992) este Sistema de Monitoreo y la forma concreta en que se da cumplimiento a las reglas de protección a aquellos datos”.

“El tratamiento que que se haga de estos datos, por parte de los organismos públicos sólo podrá efectuarse, prescindiendo del consentimiento del titular de los datos, en materias que sean de competencia del órganos respectivo y con sujeción a las reglas que la ley establece”, afirma el CPLT.

La respuesta del Consejo al parlamentario socialista, dio cuenta de la duda que existe respecto de las atribuciones del Ministerio Secretraría General de Gobierno para haber encargado el cuestionado monitoreo de redes sociales, que La Moneda -a través de la ex vocera Ena von Baer- justificó asegurando que se daba en el contexto de tener mayor sintonía con los ciudadanos.

Piden aclaración de Contraloría

Frente a la negativa del Ejecutivo de entregar información clara respecto de los informes de BranMetric, y ante la duda que establece el CPLT, los parlamentarios de la Concertación Marcelo Díaz y Jorge Burgos (DC), pedirán un pronunciameinto de la Contraloría respecto a la legalidad y procedencia del decreto mediante el cual la Segegob encargó el estudio.

“Frente a la respuesta que da el Consejo, mi impresión es que hay suficiente mérito para plantear la duda sobre la legalidad de esta resolución. Por eso creemos que la sede para resolver esta controversia es la Contraloría”, aseguró Burgos.

Adicionalmente, ayer el propio Díaz en la comisión de Constitucion de la Cámara, solicitó formalmente la comparecencia del nuevo ministro vocero, Andrés Chadwick, para que entre otros temas explique la forma en que el gobierno está llevando a cabo el seguimiento.

El hermetismo de La Moneda

Desde que el tema surgió, el Ejecutivo ha tratado con hermetismo el manejo de la información que obtiene. De hecho, ni en palacio ni en BrandMetric -que se adjudicó el pasado 25 de abril la licitación del Servicio de Monitoreo de Redes Sociales por un costo anual de 14.388.000 de pesos más IVA- han querido entregar detalles del tema.

Solo  el encargado web de la Presidencia, Pablo Matamoros, que en una columna señaló que “escuchar lo que sucede en la web es una aspiración en toda democracia 2.0”. Y  aseguró que el “oír a la ciudadanía por distintos medios puede ayudar a realizar de mejor manera la labor al Ejecutivo y, en general, a todo el sistema político. Incluso, los ciudadanos pueden participar activamente en la gestación de políticas públicas que van en su directo beneficio”.

Sin embargo, pese a las buenas intenciones expresadas por Matamoros, el diputado Marcelo Díaz ayer pidió acuerdo de la comisión de Constitución para citar al nuevo Secretario General de Gobierno, Andrés Chadwick, para que explique ante la Cámara los reales alcances del monitoreo y la escasa información que hay al respecto.