Corte Suprema ordenó a delegados de Biobío y Arauco coordinar acciones para prevenir hechos de violencia
El máximo tribunal acogió un recurso presentado por empresarios, trabajadores y gremios locales, que acusaron un actuar arbitrario e insuficiente de las autoridades.
La Suprema ordenó a las autoridades establecer un plan de medidas para enfrentar la situación en la zona sur del país. AGENCIA UNO/ARCHIVO
La Corte Suprema ordenó a los delegados presidenciales de la Región del Biobío y de la Provincia de Arauco realizar las coordinaciones pertinentes para evitar hechos de violencia en la zona, tras acoger un recurso de protección recurso presentado por empresarios, trabajadores y gremios locales.
En la sentencia, la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros y ministras Sergio Muñoz, Ángela Vivanco, Adelita Ravanales, Mario Gómez y la abogada (i) María Cristina Gajardo– estableció el actuar arbitrario e insuficiente de las autoridades recurridas para hacer frente a los hechos delictivos que se reiteran en la zona sur del país.
El fallo señaló que “aún cuando se torna evidente el despliegue del esfuerzo significativo realizado durante bastante tiempo por abordar la problemática expuesta, sin duda, la interposición de acciones constitucionales que tienen por propósito denunciar la transgresión de los derechos amparados por la Carta Fundamental, en vista de la continuidad e incluso el aumento de acciones de violencia como las que se denuncian por la parte recurrente, es posible advertir la falta de eficacia de las políticas implementadas para enfrentar este tipo de sucesos”.
“Más allá de la indudable necesidad de reparación o compensación en favor de aquellos que se han visto afectados con la ocurrencia de este tipo de hechos delictivos, lo cierto es que no puede perderse de vista que el enfoque primordial debe estar focalizado en la adopción de medidas tendientes a prevenir tales contingencias, puesto que, de ese modo será viable quitar de en medio la necesidad de reparación o, al menos, se reducirá de manera significativa”, añadió el texto.
La resolución afirmó que “en consecuencia, la conducta de los órganos recurridos resulta ser arbitraria, en vista de que si bien es efectivo que una parte importante de los efectos económicos, sociales y emocionales ocasionados con los actos de fuerza evidenciados en la zona sur del país, han sido abordados a través de la implementación de diversos programas de acción, lo cierto es que los hechos develados en la presente acción de cautela de derechos, demuestran la insuficiencia de las medidas puestas en práctica, toda vez que un grupo considerable de la población continua viéndose privada o al menos limitada de ejercer las actividades sociales y económicas desarrolladas hasta ese entonces y, del mismo modo, de gozar de la ansiada integridad física y psíquica”.
Con estos argumentos la Suprema estableció que las autoridades gubernamentales deberán en un breve plazo, previa coordinación con las carteras ministeriales correspondientes, implementar un plan de medidas para enfrentar los hechos violentos en Arauco y Biobío.
