Había retomado su cargo: oncólogo formalizado por abusos sexuales quedó con prohibición de entrar a la CLC
El 4° Juzgado de Garantía accedió a la petición de la fiscalía, por lo que Manuel Álvarez Zenteno no podrá acercarse ni ingresar a la Clínica Las Condes después de retomar su cargo como director del Centro del Cáncer.
El lunes 17 de octubre la noticia sorprendió a la opinión pública en general y también a los funcionarios de la Clínica Las Condes (CLC). Después de ser formalizado por abusos sexuales en contra de dos pacientes, el oncólogo Manuel Álvarez Zenteno regresó a las funciones que dejó en noviembre de 2017 y se instaló nuevamente como director del Centro del Cáncer.
La medida generó reacciones negativas en la interna del centro asistencial privado. Un grupo de médicas exigió, mediante una carta firmada y respaldada por médicos, el rechazo a la reincorporación del especialista, quien ha sido denunciado 11 veces por delitos de connotación sexual entre 1998 y 2017.
Actualmente, Álvarez enfrenta cargos por la denuncia de dos víctimas que eran sus pacientes y estaban en tratamientos contra el cáncer. La Fiscalía Metropolitana Oriente lo formalizó en 2019 tras constatar la acusación de una enfermera que lo sorprendió en conductas impropias con una mujer de 60 años en 2017. Esa investigación le permitió al Ministerio Público reformalizarlo tras comprobarse otro delito contra una segunda mujer ese mismo año.
En este escenario, con Álvarez de vuelta en sus funciones, comenzó la preparación del juicio oral, donde el fiscal Felipe Cembrano busca condenarlo a 16 años de cárcel por estos crímenes (ocho por cada víctima). En la audiencia, el 4° Juzgado de Garantía accedió a la solicitud del persecutor, por lo que el oncólogo quedó con prohibición de acercarse o ingresar a las instalaciones de la CLC.
“Ante el 4to Juzgado de Garantía, el fiscal Felipe Cembrano solicitó revisión de medida cautelar que pesa contra oncólogo Manuel Álvarez, solicitando la prohibición del médico de hacer ingreso a la Clínica Las Condes, a lo que el tribunal accedió, decretando dicha prohibición”, confirmaron desde la Fiscalía Oriente.
El especialista había regreso a sus funciones después de ganar un juicio por “despido injustificado”, lo que significó una indemnización de 320 millones de parte de la CLC.