Los motivos que tienen en jaque a la Ley Ricarte Soto

La Comisión Ciudadana de Vigilancia y Control de la Ley Ricarte Soto entregará este viernes 13 de enero su primer informe del año en relación a la normativa que permite acceder a un sistema de protección financiera que garantiza el diagnóstico y tratamiento de 27 enfermedades de alto costo beneficiarios y beneficiarias de todos los sistemas previsionales chilenos de salud.

Los asesores aseguran que esta legislación podría no sostenerse en los próximos años y piden que se evalúen las coberturas establecidas.

“Si la ley continúa funcionando con las mismas condiciones actuales, no sería sostenible en el tiempo, por lo que esta problemática requiere ser abordada de forma prioritaria y con urgencia”, señala el informe.

“Se hizo una proyección de los ingresos y gastos y con las prestaciones que ya están comprometidas, al año 2027 no habría ninguna holgura y en 2028 tendríamos más gastos que ingresos. Pero, además, se proyecta que haya un aumento de beneficiarios en la medida que pase el tiempo y también debiera haber un aumento de las prestaciones”, explicó Pablo Vidal, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo y miembro de la comisión.

“Nos dimos cuenta de que el financiamiento no iba a ser suficiente y se sugieren algunas soluciones, tal vez lo más fácil de sugerir es que se aumente el financiamiento. Pero también que, una vez que algunos tratamientos estén consolidados, se traspasen a las Garantías Explícitas de Salud (GES)”, agregó.

Myriam Estivill, directora de Fundación Chilena de Enfermedades Lisosomales, por su parte, indicó que “además de estar atrasados más de un año con el quinto decreto, el cual permite el ingreso de nuevas tecnologías y tratamientos. Estamos muy preocupados por los recursos existentes, lo que hace que nos preguntemos, sin la Ley Ricarte Soto, ¿qué sucederá con los pacientes que padecen enfermedades poco frecuentes?”.