Condenas por violaciones a los derechos humanos: un tercio de las causas penales ha logrado una sentencia definitiva

A 50 años del golpe de Estado y a 25 de las primeras denuncias por violaciones a los derechos humanos, el Observatorio de Justicia Transicional de la Universidad Diego Portales reveló un informe respecto a las condenas y las acciones judiciales presentadas por violaciones a los derechos humanos, de las cuales son 658 las causas terminadas en los tribunales de justicia.

En el desglose, 85 de ellas fueron dictadas entre julio del 2022 y junio del 2023, casi el doble que en el mismo periodo anterior, donde se llegó a solo 47.

Del total de estas causas terminadas, 124 son de carácter civil y 534 son penales o mixtas (incluyen arista penal y civil), las que fueron resueltas por la Corte Suprema, y otras en la Corte de Apelaciones, sin elevación a casación.

Cath Collins, directora del Observatorio de Justicia Transicional UDP, destacó “el ambiente deteriorado que se siente, en contraste con los 40 años en que se respiraba mayor consciencia, sobriedad, y disposición a reconocer el horror con todas su letras, y condenarlo con todo el vigor necesario”.

“Esa firmeza y claridad se echa de menos hoy tanto el el espacio político como en el ámbito social, con tendencias de opinión pública preocupantes. Muchas personas dicen no saber qué fueron los informes Rettig y Valech, pero a su vez, una proporción creciente de la población no tienen problemas para reconocer que la dictadura fue, en efecto, una dictadura mientras dicen aprobar el Golpe”, agregó.

En esa misma línea, indicó que “no es (solamente) que la verdad no se sabe: es que existe una chocante subvaloración de lo que una verdad que aún se reconoce – la del golpe- inexorablemente significó, y siempre significará, en vidas, terror, tortura, y quiebre”.

Por otra parte, Collins recalcó que “ahora se le recurren a los tribunales por todo, o por muchas más cosas. Para reparación, en la forma de demandas civiles. Para memoria, en la forma de limpieza del espacio público de homenajes a la dictadura. Para garantías de no repetición, en intentar cambiar los valores y símbolos con los que se forman las nuevas generaciones de cadetes, soldados, y carabineros. Para verdad, en revertir condenas espurias y poder decir no soy ni nunca fui, traidor(a) a la patria“.

“Lo llamativo es que todo esto se busca en tribunales, cuando en realidad buena parte de ello debió venir desde fuera del resto del Estado, de la sociedad en su conjunto. Es que el Poder Judicial, con todos sus problemas, deficiencias y demoras, es el poder que más ha respondido, por cuanto todo se judicializa. Pero un tribunal no es ni puede ser el reemplazo por la consciencia moral y ética de un pueblo y su clase política”, continuó.

En cuanto a la Corte Suprema, “o al menos una mayoría en una sala – que no es lo mismo – va afirmándose en doctrinas jurídicas más sólidas y sofisticadas, para intentar hacer justicia mejor, o al menos, menos deficiente con los malos ingredientes que son las leyes penales domésticas, de la época de los hechos”.

“Se nos está haciendo tarde”

En cuanto a las condenas en materia penal por las violaciones a los derechos humanos, solo se han logrado en más de un tercio (34.7%) de las cerca de 3.200 personas reconocidas por el Estado de Chile como víctimas ausentes, ya sean detenidas desaparecidas o ejecutadas.

Al respecto, Cath Collins aseveró que “se nos está haciendo tarde. Nadie en su sano juicio podría disputar que se está en deuda sobre todo con las y los familiares y sobrevivientes que con ardiente paciencia han exigido justicia durante casi cinco décadas y han tenido que buscar a sus propios seres queridos, investigar sus propias causas, ser la consciencia moral de la nación durante demasiado tiempo”.

“Ya no les toca cargar esta mochila sola. Nunca debieron estar tan solas en esto. Muchas y muchos se nos van. Pero hay hijas y hijos, de desaparecidos, de ejecutados, del exilio, e incluso de perpetradores. A ellas y ellos les debemos un país en paz con su consciencia, que haya enfrentado sus culpas y pagado sus pecados. Y nos falta aún para llegar a eso”, indicó.

A la fecha, son 334 personas las que han recibido condenas por violaciones a los derechos humanos, de las cuales 14 siguen prófugas de la justicia. Sobre esto, Collins afirmó que “sorprendió para mal, la cantidad de fugados y que esto al parecer se haya abultado por cinco personas mas, en dos casos muy connotados (Víctor Jara y Littre Quiroga, y Carmelo Soria) a apenas dos semanas del aniversario del golpe”.

“Sorprendió también, que casi 17% de los agentes sentenciados en estos 12 meses ya se encontraban fallecidos. Y que hay causas enteras que ya terminan sin acusados, ni victimas, ni testigos vivos . Deja una sensación de vacío”, recalcó.

Para el próximo año, el informe espera poder contar con cifras del Plan de Búsqueda Nacional. “Esperamos verlo andando, vigoroso, con recursos, perfil, apoyo y encaje con el poder judicial, y sobre todo habiendo podido crear la sensación de que este es un desafío país, que todas y todos asumimos porque a todas y todos nos concierne y nos importa: ‘que todo Chile busque”, dijo.