Caso Convenios: Contraloría ratifica faltas a la probidad de ex seremi tras acuerdos con Democracia Viva

La Contraloría General de la República dio a conocer su informe sobre los acuerdos alcanzados entre la Fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, lo que desató el llamado caso Convenios.

Según el documento del organismo dio cuenta de la falta de un mecanismo formal o llamado público para seleccionar a las entidades que pudieran llevar a cabo los proyectos del Programa Asentamientos Precarios, lo que se realizó de manera directa y sin fundamentar los motivos para justificar la entrega de los recursos a la fundación representada por Daniel Andrade.

“Para el caso de las iniciativas asignadas a la Fundación Democracia Viva a través de tres convenios por un total de $426.000.000, ni en las resoluciones emitidas por el Seremi Minvu y el Serviu, ambos de Antofagasta, como tampoco en los respectivos convenios se mencionan los fundamentos que justifiquen la designación de los proyectos a dicha entidad, además que no se aportaron otros antecedentes que acrediten la motivación de tal elección, considerando, además la falta de concordancia entre el objeto de la fundación y las actividades que esta debía ejecutar y de su experiencia en ellas, relacionadas con el Programa de Asentamientos Precarios”, detalló Contraloría.

En esta línea, explicó que “se constató que a través de correo electrónico de 12 de julio de 2022, el Seremi Minvu de Antofagasta de la época (Carlos Contreras), solicitó al Encargado de Planes y Programas de esa repartición, enviar un correo de invitación a dos fundaciones, entre ellas Democracia Viva, para evaluar su potencial incorporación al listado de organizaciones colaboradoras”.

“Se advirtió que la conducta del entonces calidad de Seremi de la Región de Antofagasta, quien intervino en razón de sus funciones, como firmante y responsable del control financiero y administrativo de los actos suscritos con la Fundación Democracia Viva y mantener un vínculo de público conocimiento con el representante legal de dicha fundación receptora (Daniel Andrade), eventualmente habría vulnerado el principio de probidad, toda vez que carecería de la imparcialidad necesaria en su actuación; por lo que le asistía el deber de abstenerse de participar en el proceso asociado a esa entidad privada, sin que haya dado cumplimiento a dicha obligación”, fundamentó Contraloría.

Junto con ello, la repartición acusó que “en dependencias del Seremi de Vivienda de Antofagasta se desempeñaban, al menos, 12 personas que fueron contratadas por los organismos receptores de fondos para la ejecución del Programa de Asentamientos Precarios, las que desarrollaban actividades propias de esa secretaría, entre ellas, labores en su gabinete, revisión de las rendiciones efectuadas por las distintas entidades privadas receptoras de fondos y su contabilización, algunas de las cuales disponían de acceso al sistema contable SIGFE y otros aplicativos institucionales”.

“Lo anterior da cuenta que cumplían irregularmente funciones propias de las reparticiones mencionadas, lo cual incide, además, en la legalidad de las mismas, así como en un eventual manejo de información privilegiada por parte de aquellas, las cuales, por lo demás, carecen de responsabilidad administrativa ante eventuales faltas y/o negligencias en su desempeño por no revestir la calidad de funcionarios públicos”, sentenció Contraloría.