Ministro Aránguiz: el primo de Ramiro Mendoza que validó el retorno de Dorothy Pérez a Contraloría

El pasado 30 de noviembre, la Corte Suprema falló el recurso presentado por Dorothy Pérez que apuntaba a ser reintegrada a la Contraloría como subcontralora, tras ser destituida por Jorge Bermúdez. Fueron tres votos a favor y dos en contra los que sellaron el retorno de la abogada. Sin embargo, dos de las aprobaciones han llamado la atención al interior del órgano fiscalizador.

El principal cuestionamiento -según comentan funcionarios de Contraloría- ha sido al voto positivo del ministro Carlos Aránguiz Zúñiga, quien es primo hermano del ex contralor Ramiro Mendoza Zúñiga (sus madres son hermanas). Este último, a la vez, tendría una estrecha relación con Pérez -según afirman las mismas fuentes y en el Congreso-, triangulación que ha puesto en duda el resultado de la votación que le permitió volver a sus funciones y que derivó en un duro golpe a la administración de Bermúdez.

En el mundo político es conocida la íntima relación de la subcontralora y del excontralor. Una fotografía de ambos -relatan conocedores- decora la oficina de Pérez desde que llegó al actual cargo, interpretada por funcionarios como una señal sobre sus lealtades.

Durante la administración de Mendoza también era común que ella estuviera presente en la mayoría de las reuniones con parlamentarios. “Era como su mano derecha”, dice Cristina Girardi (PPD). Además, el tándem Mendoza-Pérez debió declarar también en la investigación por el fraude de Carabineros y la “desaparecida” auditoría que hicieron y que se extravió.

A eso se suma el polémico correo electrónico adjunto en una investigación del Ministerio Público: “Gracias por trasladar a Fabián. Cariños”. La autora del mail es Pérez, quien entonces era funcionaria de la Contraloría Regional de Valparaíso -donde fue nombrada por el ex contralor-, y el remitente, Ramiro Mendoza. En la comunicación, la subcontralora agradece por una gestión realizada por la entonces máxima autoridad del organismo fiscalizador, en diciembre de 2009, en favor de su esposo, el mayor de Carabineros (r) Fabián López, quien días antes había sido trasladado a la región Metropolitana. Esto en circunstancias en que la misma funcionaria había sido ascendida a un cargo en la capital.

El polémico correo fue conocido en medio de la ofensiva de Dorothy Pérez ante la Corte Suprema por retornar a sus funciones, pese a que ya había sido nombrada su reemplazante, María Soledad Frindt. El hecho vino a elevar las sospechas que existían al interior de la Contraloría sobre el rol de Mendoza -hoy a cargo del consejo asesor por la modernización del Estado del Presidente Sebastián Piñera- en la arremetida contra Jorge Bermúdez.

Su administración ha sido compleja para el Gobierno en cuanto a la legalidad de sus actos, como lo ocurrido con el protocolo de aborto. Para el resto del oficialismo -y también parte de la oposición- tampoco ha sido cómoda la fiscalización de Bermúdez, donde importantes municipios de la derecha, como La Florida, Puente Alto y Maipú, han estado en el centro de las indagatorias. “Llama la atención que la derecha salga con todo a defender a Dorothy Pérez”, puntualiza el diputado Pablo Vidal (RD).

En paralelo, el voto de otro ministro de la Corte Suprema también ha sido parte de las conversaciones en los equipos de la Contraloría. La determinación que debía tomar el ministro Arturo Prado era tildada como crucial para el resultado de la votación, ya que se contaba con que el voto de Aránguiz y Ángela Vivanco iban a estar con Dorothy Pérez. También se presumía que el voto de Sergio Muñoz y de María Eugenia Sandoval serían contrarios.

Pero Prado era una incógnita. En el fallo, el ministro fue el único que hizo una justificación distinta al resto del texto, que avalaba el recurso de Pérez sobre que el cargo de la subcontralora era inamovible por su superior jerárquico. En la argumentación, el abogado detalla las inconsistencias entre las normas que permitieron volver a Pérez a su cargo e, incluso, habla de “inaplicabilidad por inconstitucionalidad” ante la superposición de normativas vigentes.

Por lo mismo, en el entorno de Bermudez se sorprendieron con que su voto fuese a favor del retorno de Dorothy Pérez. Incluso,  altos cargos de la Contraloría suponen presiones en esa decisión previo a conocerse el fallo.

Acusación constitucional

Esta semana, la UDI sorprendió con otra ofensiva en contra del contralor Bermúdez. Los diputados Álvaro Carter y Guillermo Ramírez anunciaron una posible acusación constitucional por la determinación de remover a Pérez, principalmente por una supuesta vulneración de derechos fundamentales y discriminación por ser mujer. “Es una política misógina y discriminadora. Bermúdez debería renunciar”, dijo Carter.

En el entorno del contralor afirman que difícilmente esa ofensiva podría llegar a puerto, pero sí lo interpretan como “una invitación a que renuncie” y como una estrategia que busca debilitar más aún su figura luego de la fallida remoción de Pérez, pensando, además, en que la máxima autoridad de la Contraloría no tiene grandes redes de apoyo en la política tradicional.

La gestión de Bermúdez, desde diciembre de 2015, ha sido compleja para el espectro político generando incomodidad entre parlamentarios y autoridades del gobierno actual y el pasado. La actual administración se ha enfrentado al órgano fiscalizador por varios episodios, particularmente el protocolo de aborto, el que recientemente recibió otro golpe proveniente desde el Tribunal Constitucional.

Por lo mismo, no llamó la atención entre funcionarios de Contraloría que a través de una acusación constitucional “se busque sacarlo del cargo”, en consideración que quien debiera reemplazarlo de manera interina sería la propia Dorothy Pérez hasta que el Senado logre ponerse de acuerdo en un nuevo nombre. “Lo que yo he visto es una operación en contra de Bermúdez de una derecha a la que no le gustó lo del protocolo o la fiscalización a Carabineros y las Fuerzas Armadas. A la UDI no le gusta que le toquen un pelo a ese mundo, por lo que usan esta herramienta para desacreditar a la máxima autoridad fiscalizadora”, asegura Girardi.

Se suma también la ofensiva del Gobierno por modificar la estructura de la Contraloría, apuntando a un órgano colegiado, como el Tribunal Constitucional. Desde la oposición, algunos como Leonardo Soto (PS), han calificado esto como una represalia del oficialismo por las fiscalizaciones realizadas al Ejecutivo.