Que este sea el año de la (verdadera) acción climática y ambiental

El mundo está en ebullición. No sólo el calentamiento global nos tiene desafiados con extensas olas de calor, mega incendios, sequías y catástrofes naturales que ya parecen pan de cada día, sino que también los conflictos sociales en todo el orbe nos han llevado a un punto crítico: guerras, migración, conflictos económicos, seguridad pública.

Nuestro modelo de crecimiento económico ha tocado fondo y los síntomas se aprecian en todos y en cada uno de los eventos descritos antes.

La sobreexplotación de la naturaleza y la creación de zonas de sacrificio en todo el mundo se encuentran tras gran parte de los conflictos y catástrofes que vemos a diario en las coberturas noticiosas: guerras por acceder a reservas de gas natural, migraciones provocadas por la destrucción (natural o artificial) de los territorios y la existencia, en pleno siglo XXI, de hambrunas y pobreza extrema en gran parte de la población mundial, son prueba de ello.

Si bien a nivel local la realidad no es tan dramática como en otras latitudes, lo cierto es que nos enfrentamos a grandes desafíos sociales, ambientales y económicos de la misma manera.

En materia ambiental, hemos visto cómo la defensa de la naturaleza pierde terreno frente a la capacidad económica y el lobby que ejercen las grandes corporaciones en los territorios, apelando fallos, rechazando sentencias y, en muchas oportunidades, revirtiéndolas a su beneficio.

Es preocupante ver cómo el discurso económico -que habla de estancamiento y necesidad de crecimiento permanente- no sólo alienta las aspiraciones de sectores tremendamente destructivos para los ecosistemas, sino que además permite y ampara las violaciones sistemáticas a las regulaciones medioambientales y a los derechos humanos. Y no sólo eso, este año se habló hasta el cansancio de una economía supuestamente en declive para justificar la destrucción del medio ambiente, mientras The Economist posicionó a Chile en el top 10 de mejores economías en 2023.

El año que recién pasó vimos cómo un proyecto de gran minería en la Región Metropolitana que que había sido rechazado previamente logró el voto favorable del Comité de Ministros por la presión económica que implicaba un nuevo rechazo, sin tomar en consideración las dudas que aún persisten sobre cómo su funcionamiento será nocivo tanto para el ecosistema (glaciares y caudales de agua incluidos, en una zona donde el estrés hídrico es una preocupación central), como para la salud de los habitantes de la región.

Nos preocupa que comienza a hacerse un hábito que las empresas utilicen su lobby y manipulación con el discurso económico, para obtener triunfos políticos que les permitan destruir la naturaleza y pasar por encima de la ley. Hablamos del poder que hoy ejercen para revocar decisiones tomadas por las autoridades en materia ambiental después de años de trabajo de grupos sociales en las calles, junto a la ciudadanía y en los juzgados, con evidencia científica y empírica sobre la mesa, poniendo de manifiesto la asimetría de poderes y los verdaderos intereses en juego para estas compañías.

Nos preocupa cómo el greenwashing se toma la agenda y, lo que debiese ser una acción decidida para responder a los desafíos climáticos, se convierte en una estrategia de marketing que deja vacíos los propósitos y las verdaderas urgencias.

Por todo eso, es importante manifestar objetivos claros para este nuevo periodo. Que 2024 sea el año donde, de verdad, avancemos en las acciones necesarias para enmendar el rumbo.

Para ello, es clave profundizar el alcance del nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, creando herramientas concretas para la protección de nuestros ecosistemas y su biodiversidad, agentes claves en la lucha contra el cambio climático.

Por cierto, urge avanzar en la descarbonización del país, de forma más rápida y ágil que lo planificado en un origen, así como el avance en iniciativas que respondan a la Ley Marco de Cambio Climático, para que este texto cobre vida y podamos ver fehacientemente mejoras en la materia el país.

Necesitamos fortalecer el marco regulatorio actual -ya sea mediante la actualización de la Ley 19.300, como a través de otros mecanismos- para ser más eficiente, serios y responsables. Esto implica cumplir la ley y ser capaces de sancionar con fuerza los delitos medioambientales sin espacios a ambigüedades, que de una vez por todas ponga el derecho a habitar un ambiente sano -un derecho humano reconocido por la Organización de Naciones Unidas- en primer lugar, sin lugar a interpretaciones o al lobby. Esto implica también proteger nuestros ecosistemas de bosques nativos, humedales, glaciares, océanos, ríos y acuíferos, entre otros, que son nuestros mejores aliados no sólo para combatir las consecuencias de la crisis climática, sino que también para poder habitar este planeta.

Estos son algunos de los pasos necesarios para que durante 2024 podamos avanzar a una acción climática y ambiental decidida, que nos permita hacer frente a los enormes desafíos que se vienen en los próximos años y construir la resiliencia necesaria para ello. Avancemos.