Ley de Lobby y Gobierno Corporativo: ¿Interdependencia estratégica?
Si Chile no hubiese implementado esta ley, el sistema sería más permeable al tráfico de influencias. Esta tendencia traería consigo que el país podría perder índices de confianza y confiabilidad del público.
José Ignacio Catenacci Martín es Periodista y académico en diversas universidades del país, Magíster en Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social Empresarial. Ha colaborado en varios medios de comunicación. Actualmente, se desempeña como Jefe de Comunicaciones y Marketing de Red Pacto Global Chile, entidad de Naciones Unidas.
Durante el presente año la preocupación tanto para representantes del mundo privado, como del aparato estatal, en relación a la regulación del lobby ha sido un tema de constante debate. Y es que las gestiones que representan intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, es una normativa esencial para la transparencia de ambas partes. Cabe señalar que dicha iniciativa centra el foco en implementar el lobby como una herramienta valida respecto de las acciones que se lleven a cabo. Donde incluso se permite que sea una actividad remunerada y con un listado de consultores que se dediquen a gestionar este ítem.
Claramente, si Chile no hubiese implementado esta ley, el sistema sería más permeable al tráfico de influencias. Esta tendencia traería consigo que el país podría perder índices de confianza y confiabilidad del público.
Asimismo, durante 2012, un estudio de Bloomberg respecto de temas sostenibilidad, realizado a 1.000 profesionales del área de inversiones como analistas financieros y portafolio managers. Dio a conocer que el Gobierno Corporativo prevaleció́ sobre el aspecto social y el medioambiental respectivamente. En cuanto a la importancia del Gobierno Corporativo, se identifica la ética y la independencia del directorio como las más relevantes.
En ese sentido, podemos afirmar que es fundamental establecer un “puente estratégico” entre ambos mundos. Es decir, entre el gobierno corporativo y el lobby como actividad legitimada por el aparato estatal, privados y la opinión pública.
Cabe recalcar que regular el lobby permite que las gestiones se lleven a cabo de una manera transparente porque existe un registro que finalmente protege a ambas partes debido a que no se les podrá acusar de hacer maniobras, diálogos o tratos en privado. Mientras que la empresa al implementar un gobierno corporativo que cuente incluso con un área de compliance, unidad a cargo de velar por la transparencia y cumplimiento de los procesos al interior de la organización, podrá establecer de mejor manera la relación con sus diversos stakeholders y de mejor forma con actores relacionados al gobierno.
En resumen, se entiende que el tema no es menor porque pone al país al día en este tipo de legislación, dado que era una de las pocas economías OCDE que no contaba con una regulación en materia de lobby. Y en ese sentido tanto a nivel de autoridades, consultoras y empresas les hará bien sincerar y que la ciudadanía este informada en relación a quienes están dialogando con la autoridad y se haga pública la discusión sobre las decisiones. Tal como se hace en Estados Unidos donde, varios tipos de industrias, publicitan en medios masivos su postura, momento de legislar, frente a ciertos temas críticos que les pueden afectar de manera positiva o negativa.
En tanto, según el informe de transparencia Corporativa 2014, presentado por UDD, en el año 2013, 22 sociedades anónimas abiertas del IGPA alcanzaron un nivel de transparencia corporativa comparable con compañías que tienen presencia en las plazas bursátiles más importantes del mundo. Esta cifra, según el mismo estudio, aumentó a 34 empresas durante el presente año lo que da entender que la transparencia corporativa, desde al ámbito público al privado, pasó de ser una tendencia una necesidad estratégica.
