Mejoras urgentes en convivencia escolar
¿Qué se debiese hacer entonces? Urge reformular el pilar del Plan de Reactivación, estableciendo líneas de acción que apunten a solucionar de forma más permanente el problema de convivencia.
El Plan de Reactivación Educativa no cuenta con suficientes recursos ni justificación, en este ámbito, desde la evidencia empírica y la experiencia internacional. AGENCIA UNO/ARCHIVO
Ana María Peñafiel Castillo, coordinadora General Acción Educar. Manuel Villaseca Vial, director de Estudios Acción Educar
La reciente designación del nuevo ministro de Educación ha generado diversas reacciones en el mundo educacional. A pesar de los resquemores que produjo su nombramiento, el cambio de liderazgo ofrece una valiosa oportunidad para enmendar el rumbo perdido de esta cartera, principalmente en lo relativo a la reactivación educativa y la convivencia escolar.
Los problemas de convivencia, y especialmente los hechos de violencia escolar, están asociados con diversos factores observables, como la edad y el sexo (Furlong y Morrison, 2000; Boran y Taskan, 2011). También son asociados con la modulación emocional y la existencia de estrategias para enfrentar el conflicto o la amenaza (Galdames y Pezoa, 2016). A corto y largo plazo, producen, en los actores involucrados, problemas de salud mental y conductuales, comportamientos antisociales y peor rendimiento académico, entre otros (Turanovic y otros, 2022). La persistencia de eventos de violencia y de otros problemas de convivencia amenaza gravemente el bienestar de los niños y niñas del sistema educativo.
Más recientemente, una encuesta de la Universidad del Desarrollo (UDD) reveló que un 78% de los apoderados considera como primera prioridad educativa el reducir la violencia escolar. Simultáneamente, cifras recopiladas por Acción Educar muestran que el número de denuncias ingresadas a la Superintendencia de Educación en materia de convivencia han alcanzado un máximo histórico en el primer semestre de 2023, totalizando cerca de 5.500 reclamos.
Considerando lo anterior y como respuesta al creciente problema de convivencia escolar que siguió a la pandemia, el Mineduc incorporó un pilar de convivencia y salud mental dentro del Plan de Reactivación Educativa lanzado a comienzos de este año. Específicamente, dicho eje se compone principalmente de dos programas: (i) “A Convivir Se Aprende” (ACA), el cual desarrolla competencias para prevenir la violencia escolar en comunas priorizadas; y (ii) la ampliación de “Habilidades para la Vida” (HPLV), un programa ya existente, que promueve estrategias de autocuidado en las comunidades educativas.
Si bien ambas estrategias parecen ir en la línea correcta, la implementación por parte de las autoridades pertinentes ha sido excesivamente demorosa y ha provisto de poca información al público en términos de su justificación desde el punto de vista de la rentabilidad social. Un ejemplo de lo anterior es el caso del programa “Habilidades Para la Vida”, donde existe robusta evidencia de que su implementación no ha tenido los efectos esperados sobre los estudiantes alcanzados por la política (de Chaisemartin y Navarrete, 2020). En el caso del programa “A Convivir se Aprende”, por otro lado, las autoridades arbitrariamente han decidido expandir su ejecución hasta 100 comunas, con el mayor gasto fiscal que ello conlleva, sin contar con pruebas suficientes de su efectividad.
¿Qué se debiese hacer entonces? Urge reformular el pilar del Plan de Reactivación, estableciendo líneas de acción que apunten a solucionar de forma más permanente el problema de convivencia. Tres medidas, de diversos plazos, podrían ayudar a dejar atrás los eventos de violencia. Primero, una agenda legislativa que refuerce la autoridad y las atribuciones de profesores y directores escolares, dotándoles de mayores facultades para enfrentar de manera oportuna las complejidades de sus establecimientos. En segundo lugar, orientar, revisar y socializar los reglamentos internos, programas socioemocionales y protocolos de actuación de cada comunidad educativa. Por último, reformular y complementar el programa “A Convivir se Aprende”, tomando elementos exitosos de la experiencia internacional y estableciendo directrices concretas de trabajo entre las familias y las comunidades educativas, para evitar que los estudiantes más jóvenes vean la violencia como un modelo de solución de conflictos.
En conclusión, la respuesta del Ministerio a los crecientes problemas de violencia escolar ha sido, hasta ahora, insuficiente y tardía. El Plan de Reactivación Educativa no cuenta con suficientes recursos ni justificación, en este ámbito, desde la evidencia empírica y la experiencia internacional. Pero todavía es posible enmendar el rumbo de la acción ministerial, confiando en las comunidades educativas y actuando, desde la política pública, con una agenda basada en la evidencia y la experiencia comparada.
