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20 de Marzo de 2024

Crisis de seguridad: la urgencia es hoy

Necesitamos con urgencia un acuerdo transversal de la clase política sobre qué urge hacer. No nos podemos permitir, ya sea con policías, militares o la estrategia que se decida, que a nuestras fuerzas de orden público se les dé la espalda desde el poder civil al que están subordinadas. Necesitamos que exista otro nivel de consenso y respaldo político, sin titubeos.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.
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José Miguel González Zapata

José Miguel González Zapata es director de formación de IdeaPaís.

Ya es común hablar de crisis de seguridad en nuestro país. Las noticias abundan en brutalidades cada vez más insólitas y los diferentes estudios que consultan a la ciudadanía coinciden desde hace tiempo en que la delincuencia y su recrudecimiento son la primerísima preocupación de los chilenos. Un ejemplo reciente es la encuesta Chile Nos Habla de la Universidad San Sebastián, que revela que un 67% de las personas ya no sale de noche por temor.

Si bien se discute sobre si estamos ante un país con mayor número de delitos de sangre respecto de otros períodos –la percepción generalizada es que es así– admite poca duda el hecho de que el tipo de delito al que nos enfrentamos, muestra nuevas versiones de crueldad, carencia de escrúpulos e inhumanidad. Abonan esto los hallazgos de extremidades, de cuerpos que aparecen en basureros, casas de tortura, en fin, nuestra imaginación de a poco se va quedando corta.

Aparentemente, nos vemos superados o sorprendidos por la irrupción del crimen organizado y sus colaterales, en un nivel y extensión que no acostumbrábamos. Tanto así que un alcalde del Frente Amplio, coalición que no se caracteriza precisamente por exigir “mano dura”, pidió hace pocos días a su propio Gobierno que se envíe militares a poblaciones.

Nos encontramos ante nuevas amenazas y dimensiones del crimen que nos están superando y es sumamente preocupante no ver atisbo de solución ni acuerdo respecto del camino a seguir. Desde el gobierno parecen empecinados en convencernos de que “estamos mejor”, aún habiendo convocado al COSENA. Sólo tras la muerte de una seguidilla de carabineros en el desempeño de sus funciones, se logró el consenso de empujar un “fast tracking” que no logra convencer ni en lo de fast ni en la profundidad de las medidas.

Necesitamos con urgencia un acuerdo transversal de la clase política sobre qué urge hacer. No nos podemos permitir, ya sea con policías, militares o la estrategia que se decida, que a nuestras fuerzas de orden público se les dé la espalda desde el poder civil al que están subordinadas. Necesitamos que exista otro nivel de consenso y respaldo político, sin titubeos. En definitiva, salir de la mezquindad y enfrentamiento para recuperar mirada estadista, porque es precisamente en la posición común que tenemos respecto de la violencia más brutal lo que permite el Estado de Derecho, condición de posibilidad de nuestro orden social y el despliegue de la democracia.

Uno de los impedimentos para lograr dicho acuerdo es un cierto aire de duda, entre buena parte de nuestras elites, por no encontrarnos en la peor de las situaciones. Nos comparamos con el nivel de crimen organizado o carteles narcos que enfrentan países como México, El Salvador o Colombia y creemos estar todavía ante fenómenos aislados controlables o solamente ante una ola que pasará. El problema de ello es la constante pérdida de valor del Estado de Derecho y, cuando estemos ante su ausencia generalizada, una recuperación que puede ser más sangrienta y difícil. Para exterminar el cáncer de raíz, se debe actuar rápida y contundentemente, si es posible previo a la metástasis. Recordemos que en varios campamentos o sectores tomados por el narco o crimen organizado existe en la práctica un abandono total del Estado y de todo lo que representa; en otras palabras, la enfermedad ya está presente.

El camino a seguir debe ser acordado con urgencia y las medidas deben ser drásticas, contundentes y efectivas. No se trata de simplificar un problema que es complejo: quizás convenga reformar con profundidad nuestro sistema procesal penal, repensar labores investigativas y de inteligencia, consolidar reglas de uso de la fuerza e innovar en estrategias de inteligencia, prevención y persecución del delito. Lo importante es hacerlo mientras estemos a tiempo.

Cualquier decisión que se tome en la materia tendrá costos y riesgos, por lo que nuestra clase política deberá demostrar lealtad y altura de miras en el respaldo político que debe sustentar estas acciones. No estamos ante un acuerdo fácil de lograr ni un tema sencillo de acometer pero con cada minuto que tardemos el crimen organizado extiende sus raíces. La espera, en este caso, tiene ribetes fatales.

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