El desconocido entramado societario de los directores de AFP

El 30 de julio de 2018 la Superintendencia de Pensiones informó respecto de una sanción en contra de Carlos Felipe Boetsch Fernández, quien se desempeñó como director suplente de AFP Modelo entre 2014 y 2017. La resolución, que aborda acciones realizadas durante su periodo en la empresa pero que recién se publicó el año pasado, da cuenta de incumplimientos respecto de la normativas sobre conflictos de interés.

En concreto, se acusó a Boetsch de no haber informado sobre su participación en una serie de empresas, lo cual es obligatorio para los funcionarios de las AFP a través del denominado Archivo de Personas Relacionadas (Archivo RI). Según la ley, cada uno de ellos debe mantener un registro actualizado sobre las firmas en las que posean más del 10% de participación, sin embargo, Boetsch no dio cuenta de su vínculo con ocho, entre las que figuraban sociedades de inversiones, transportes, inmobiliarias y agrícolas.

Ante esto, el organismo dirigido por Osvaldo Macías estableció que el ex director de Modelo fuera “censurado”. Sin embargo, según explicaron desde la propia Superintendencia “la existencia de censuras por parte de una persona no lo inhabilita para ser elegido director de una AFP ni genera impedimento para que mantenga su cargo”. 

Además del caso de Boetsch, durante 2018 la Superintendencia sancionó por la misma causal a otro exdirector. Se trata de Andrés Castro González, quien se desempeñó en la primera línea de AFP Capital hasta fines de abril de 2017.

“Esta Superintendencia tomó conocimiento de 51 transacciones realizadas por don Andrés Castro González, a través de Moneda Corredora de Bolsa Limitada, como consecuencia de un mandato discrecional de administración de inversiones otorgado a esa corredora de bolsa, los que no fueron informados a AFP Capital, y en consecuencia, a este organismo fiscalizador, a pesar que existía la obligación legal de hacerlo pues a la fecha de las transacciones el señor Castro González detentaba la calidad de director de AFP Capital S.A.”, indica el oficio en el cual se detallan cada uno de los movimientos. 

A esto se suma que 11 de esas operaciones se realizaron con activos de baja liquidez, lo cual está explícitamente prohibido en la ley que regula a las AFP y sus funcionarios. En particular, dichos activos son los que cumplen con cada una de estas características (según lo criterios válidos a contar del 2 de enero de 2019): “No pertenecen a un índice bursátil, presencia bursátil menor a 5%, monto promedio diario transado inferior a UF 40 y no cuentan con Market Maker“, según la comunicación interna de la Bolsa de Comercio. 

En su carta de descargos, Castro indicó que “durante los últimos 10 años no había realizado operaciones en el mercado de valores chileno, por lo que no existe habitualidad en operatoria, y que para el manejo de sus inversiones confió en Moneda Corredores de Bolsa Limitada otorgándole un mandato discrecional, ya que es una corredora que maneja inversiones de otros clientes que ostentan la calidad de personas sujetas”.

Desde el 2000 a la fecha la Superintendencia de Pensiones ha cursado 14 sanciones por infracciones respecto de conflictos de interés. Ocho a ejecutivos y seis a directores, donde solo uno recibió una sanción monetaria (30UF), mientras que todos lo otros fueron censurados.

Las sociedades de los directores

Pese a las multimillonarias utilidades que registran las AFP, que para 2017 correspondieron a $347 mil millones (CIPER), la ley que rige de las administradoras no obliga a sus directores y altos ejecutivos a transparentar sus patrimonios e intereses, pese a funcionar con platas de todos los chilenos que cotizan.

Sin embargo, a través de Ley de Transparencia, El Dínamo accedió al Archivo de Personas Relacionadas vigente a noviembre de 2018, documento que integra la totalidad de los funcionarios de las AFP y su participación en sociedades o empresas (en más del 10%), y la de sus cónyuges.

Según la información entregada por al Superintendencia de Pensiones, los 50 directores que lideran las seis Administradoras vigentes en Chile, informaron -en total- vínculo directo con 157 empresas o sociedades. De estas, según pudo comprobar El Dínamo a través de Servicio de Impuestos Internos, 49 poseen giro de “Fondos y sociedades de inversión y entidades financieras similares” o “Asesoría y consultoría en inversión financiera”, lo que, en concreto, no permite identificar el destino de los capitales.

Además, según información disponible en el Diario Oficial hasta fines de 2018, este medio pudo comprobar la existencia de decenas de sociedades y empresas ligadas a las informadas por los directores a la Superintendencia, algunas de ellas del rubro de las inversiones y con altos capitales.

Revisa aquí el entramado societario de los directores de AFP:

(Nota: el mapa conceptual fue elaborado con el Archivo RI de noviembre 2018 y en base a datos del Diario Oficial. Algunas sociedades podrían haber sufrido modificaciones en sus capitales, composición o vigencia). 

Proceso de fiscalización

La eventual existencia de conflictos de interés por parte de quienes deciden el futuro de las inversiones de las AFP, es fiscalizado por la División Financiera de la Superintendencia, y en concreto, por Departamento de Riesgo Financiero.

Según el ente fiscalizador, “este departamento tiene una dotación de cinco personas (un jefe de departamento y cuatro analistas). De los cinco funcionarios, cuatro son ingenieros comerciales con magister en finanzas y junto a ellos hay un ingeniero estadístico. Estos profesionales cuentan con 21 años, 16 años, nueve años, cinco años y siete años de experiencia laboral en esta Superintendencia”.

De igual manera, en privado, funcionarios de la Superintendencia explicaron a El Dínamo que de forma periódica se llevan a cabo reuniones con los directorios de las AFP para informar sobre eventuales “riesgos”. Además, las mismas fuentes asumen que el organismo no cuenta con las herramientas necesarias para fiscalizar la totalidad de eventuales conflictos de interés, proceso que se realiza a través del cruce de los datos informados por las Administradoras, transacciones de la Bolsa e información financiera obtenida por el propio Departamento de Riesgo.

Si bien en 2017 el actual presidente del Senado, Carlos Montes (PS), y su par de la DC Carolina Goic propusieron que se obligue a los directores de AFP a realizar declaraciones de patrimonio e intereses considerando que “su función tiene el carácter de pública”, dicha propuesta no tuvo existo.

Al respecto, en forma reservada, funcionarios de la Superintendencia señalan que el organismo estaría contrario a un legislación de estas características, considerando que una mayor regulación podría provocar que actores relevantes del mercado financiero se alejen de la administración de las AFP.