FA descartó ir al TC: Gobierno promulgará Ley Naín-Retamal tras nuevo asesinato de carabinero
La muerte del cabo primero Daniel Palma precipitó la decisión del Ejecutivo, que buscará avanzar con la normativa.
El asesinato del cabo primero de Carabineros, Daniel Palma, precipitó la decisión del Gobierno de promulgar la Ley Naín-Retamal, normativa que fue despachada desde el Congreso en medio del rechazo de algunos sectores del oficialismo, especialmente del Frente Amplio (FA) y del Partido Comunista (PC).
La ministra del Interior, Carolina Tohá, junto a la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, anunciaron una serie de medidas para retomar la agenda de seguridad, confirmando que la ley que aumenta las herramientas de protección de las policías será firmada durante esta jornada, junto otro paquete de proyectos aprobados como la ley sobre control de armas, secuestro, extorsión y la que entrega nuevas herramientas a funcionarios de Gendarmería.
“Durante el día de hoy vamos a poder avanzar en la promulgación de este conjunto de leyes, incluyendo la ley Naín-Retamal, pero en un paquete de proyectos que han podido ya ser despachados por el Congreso Nacional”, ratificó la ministra Vallejo.
La autoridad agregó que “los delitos violentos están generando no solamente miedo, sino que están arrastrando vidas y esas vidas lamentablemente no son reparables, no solamente porque quienes terminan asesinados, sino que por el impacto que genera en la comunidad y en las familias”.
FA no irá al TC
El FA, en conjunto con el PC, había cuestionado la Ley Naín-Retamal a pesar de las modificaciones acordadas entre el Gobierno y el Senado. Por lo mismo esperaban llegar hasta el Tribunal Constitucional (TC) para impugnar algunos artículos.
Dicha alternativa terminó siendo descartada al menos por el frenteamplismo, que consideró los anuncios entregados por La Moneda tras el asesinato del cabo Palma.
“Se descarta la alternativa de ir al TC“, afirmó la diputada y segunda vicepresidenta de la Cámara Baja, Catalina Pérez (RD), en una entrevista a 13c Radio.
La legisladora aclaró que pese a eso “mantenemos una preocupación de cómo se va a implementar la legítima defensa privilegiada“, añadiendo que “tenemos que ser capaces de generar política pública donde haya derechos humanos y orden público”.