Personas y herramientas

El escándalo de corrupción de los traspasos directos a fundaciones ha golpeado fuertemente a los protagonistas del proceso de descentralización. De hecho, ya hay quienes hablan del fiasco de los gobernadores regionales y que el gran perdedor del llamado caso convenios será el propio proceso de traspaso de competencias. Y es que, en la implementación de esta política pública -que increíblemente todavía encuentra detractores- es obvio concluir que los gobiernos subnacionales carecen de las estructuras, procedimientos y capacidades para administrar adecuadamente los recursos públicos, ya que ese fue el punto de partida de este proceso. Pero es ilógico extender el cuestionamiento de las reglas de ejecución presupuestaria al proceso de descentralización.

Desde su creación en la década de los noventa hasta la primera elección de los Gobernadores Regionales en 2021, los GORE recibieron año a año a través de la Ley de Presupuestos los recursos fiscales que el Gobierno Central resolvía traspasarles como a cualquier otro servicio público, traspasos que, dicho sea de paso, no representan ni siquiera el 1% del PIB y menos del 3,5% del total del gasto fiscal, lo que genera una brecha significativa respecto de los demás países de la OCDE. Este traspaso de recursos implica que las reglas de ejecución presupuestaria son definidas, en términos generales, por la ley 19.175, y en materias específicas por el Gobierno Central, principalmente a través de DIPRES, SUBDERE y Contraloría.

De hecho, recientemente tomamos conocimiento de cómo DIPRES y Contraloría modificaron los criterios de transparencia que regían las aprobaciones de determinados gastos, eliminando el control que ejercían los CORES respecto de la asignación directa de ciertas partidas presupuestarias. Por lo tanto, como dicen en el campo, el problema no es del chancho, sino del que le da el afrecho.

En una simplificación de papel podría plantearse que, teniendo el gobierno central aún la potestad para resolver respecto del uso de los recursos fiscales en las distintas regiones del país, éstas no debieran traspasarse hasta que los gobiernos subnacionales demuestren tener las capacidades institucionales para administrar adecuadamente dichos recursos, es decir, hasta que implementen unidades de control interno de la gestión presupuestaria u órganos contralores propios. Pero es equivocado valerse del caso convenios para cuestionar el proceso de descentralización bajo pretexto de que la experiencia nos demuestra los riesgos de seguir entregándole más atribuciones a los gobiernos regionales. No hay duda de que debemos fortalecer los controles internos y externos a nivel subnacional, pues el diseño de las herramientas a través de las cuales se llevará a cabo el proceso de descentralización es muy relevante. Sin embargo, aun cuando éstas fueran “a prueba de balas”, seguirán fallando en la medida que sean utilizadas por quienes pretendan desplegar mecanismos de germinación política como el propuesto por Iñigo Errejón para refugiarse cuando gobierne el adversario, con o sin capacitaciones previas.

El punto crítico para el avance del proceso de descentralización es el mismo, entonces, que para la modernización del Estado, a saber, la selección, contratación, mantenimiento, promoción y eventual desvinculación de las personas que serán responsables de la conducción de los gobiernos subnacionales.

Y para ello, el único camino es cambiar el estatuto que rige a la administración pública, reducir los cargos de exclusiva confianza y mejorar el Sistema de Alta Dirección Pública en el sentido propuesto por el boletín 14582-05 -que duerme su segundo trámite constitucional en la Cámara- extendiéndolo a más reparticiones del gobierno central y subnacionales. Porque medidas pirotécnicas como la del Gobernador Villespin pidiendo la renuncia de los jefes del Departamento Jurídico, de la División de Presupuesto e Inversión Regional y de la División de Fomento Productivo pueden ser simbólicamente efectistas, pero de nada sirven si es que esos cargos no son ocupados por personas competentes. Sólo avanzando hacia un modelo de gestión de desempeño de directivos que se expanda entre los gobiernos subnacionales y creando un Consejo Autónomo del Sistema de ADP que pueda desarrollar las herramientas adecuadas para evaluar el desempeño de directivos cuyos resultados impactan la gestión pública, podremos estabilizar un estamento directivo profesional que pueda proyectar políticas públicas de Estado.