Gratuidad: la política que discrimina a los más pobres

En la Cuenta Pública del 21 de mayo, la Presidenta Bachelet anunció que el año 2016 existiría gratuidad para los alumnos del 60% más vulnerable de la población que asistan a universidades del Consejo de Rectores y también para aquellos alumnos de instituciones técnicas-profesionales que no tengan fines de lucro.

Es ampliamente compartido que la gratuidad universal es injusta por diversos motivos que ya hemos expuesto anteriormente. Así mismo, cada vez más gente se ha dado cuenta de lo frívolo que sería pagar la educación universitaria a quien sí puede pagarla, cuando hay personas que no tienen una vivienda digna, que esperan largamente tratamientos médicos y otras que viven con pensiones bajas. Lo anterior entre otras cosas se refleja en que, según la encuesta Adimark, tan solo un 25% de los encuestados aprueba el manejo del gobierno en materia educacional.

El anuncio de la Presidenta tiene dos aspectos fundamentales: en primer lugar, se valora que se prefiera partir financiando a los alumnos más vulnerables, pues la focalización de recursos es un criterio que siempre se debe respetar y promover en el gasto del Estado. Sin embargo a pesar de lo anterior, no se entienden las razones de la exclusión de alumnos de otras instituciones que tienen las mismas o incluso más necesidades que los contemplados en esta política.

En segundo lugar, algo que aún no ha sido explicado es de dónde se obtendrán los recursos para esta gratuidad, pues hay antecedentes suficientes como para dudar sobre la posibilidad del gobierno de costear una política de este tipo. Una alternativa que se barajó fue un impuesto a los egresados, sin embargo todos entendemos que si le cobramos a los que estudiaron gratis, quiere decir que su educación no fue gratis y este impuesto se transforma simplemente en un crédito obligatorio y poco conveniente, ya que no tiene término de pago.

Uno de los casos que más llamaron la atención, principalmente por su arbitrariedad e injusticia, fue la exclusión de la política de la gratuidad de una institución como INACAP, ya que dicha entidad cuenta con una de las mayores acreditaciones en la educación técnico-profesional, y si bien ha sido constituida como una sociedad, tal como la ley se lo permite, los dueños no retiran utilidades. Por lo anterior, no se entiende que la Presidenta Bachelet no considere a los alumnos vulnerables que asisten a esta institución, parece un criterio injusto y antojadizo.

Hablaría mal de nuestra institucionalidad si los criterios para aplicar políticas públicas benefician exclusivamente a la gente que sale a marchar, porque el perfil de los alumnos de las instituciones técnico-profesionales en general son personas que muchas veces estudian y trabajan y por tanto tienen una imposibilidad mayor para manifestarse, sin embargo no por dicha razón el Estado los debe discriminar injustamente.

Chile tiene desafíos importantes en materia educacional, lamentablemente medidas como las de la Presidenta Bachelet no avanzan hacia un sistema más justo, sino que todo lo contrario, profundizan injusticias en el sistema y discrimina a los alumnos más vulnerables.