Hugo Lavados: “No será simple la discusión de la reforma, aunque se separe”

La macro reforma de educación superior, una de las más ambiciosas y emblemáticas del gobierno de Michelle Bachelet, lleva casi un año congelada en el Congreso y ni siquiera ha podido votarse la idea de legislar. Desacuerdos entre los distintos actores han convertido puntos como el financiamiento,  la gratuidad, y la superintendencia en verdaderos nudos ciegos que impiden que avance la tramitación.

Para acelerar el avance del proyecto, el gobierno decidió sacar la sección que habla sobre el fortalecimiento de las universidades estatales y tramitarla aparte.  Hugo Lavados, rector de la Universidad San Sebastián, analizó la difícil situación en la que se encuentra el proyecto y los alcances que puede tener esta división; así como también los puntos que –a su juicio- son más nocivos para las universidades privadas.

-¿Qué opina de la decisión del gobierno de dividir el proyecto de reforma educacional y tramitar el fortalecimiento de las Ues estatales por separado?

-Está claro que el proyecto tal como está había perdido mucha viabilidad para haber sido aprobado. Es un proyecto muy largo, muy disparejo en sus partes. Algunas cuentan con mucho desarrollo, y otras son solo una suerte de manifestación de intenciones. Y el capítulo sobre universidades estatales que contiene el proyecto tuvo muchos reclamos también. Por eso yo no creo que vaya a ser simple, para nada, la discusión de un proyecto específico, aunque se separe del proyecto general de la reforma.

-Rectores del G9 de hecho ya criticaron esta división y dijeron que el fortalecer a las estatales podría ir en desmedro de las privadas. ¿Cree que esto suceda?

-Tenemos claro que los recursos son limitados. Y las platas que el Estado puede asignar a la educación superior lo más probable es que en los próximos años no crezcan. Si es así y hay un grupo dentro del total que está presionando para obtener beneficios adicionales, necesariamente esto va a significar que el resto va a recibir menos.  De lo contrario la ecuación no cuadra.

–¿Cree que el gobierno da la señal de que las instituciones que no son estatales están en segundo orden?

-Yo creo que la mayoría de quienes han estado en la educación tienen la convicción de que en el país debe haber más recursos para las Ues estatales. Pero si eso no va con un propósito claro de mejoramiento de la calidad, de las posibilidades de acceso, y más oportunidades para los sectores de más bajos ingresos, y con una obligación de que las Ues que se vean favorecidas respondan a ciertos direccionamientos, eso no tiene mucho sentido. A mi me resulta un poco contradictorio que, por una parte se sostenga que se va a fortalecer una cierta institución porque son las que cumplen funciones públicas, pero por otra no se esté dispuesto a aceptar que el Estado le diga a esas Ues qué hacer con esos recursos adicionales. Y si queremos mejorar la calidad y equidad, eso no tiene que ver con dar más recursos a las universidades estatales. Por razones históricas la estructura de nuestro sistema universitario no es ese.

-¿Con qué tiene que ver la mejora de la calidad y la equidad entonces?

-El gran tema para que puedan entrar estudiantes de bajos ingresos, es que podamos mantener un sistema de financiamiento a los estudiantes. Que el CAE, por ejemplo, que ya se ha convertido en una mala palabra, se transforme en un fondo solidario. La gratuidad tiene dos grandes problemas. El primero es que es injusta, porque le va a regalar plata a los que tienen recursos para pagar. Y el segundo es que es más caro un sistema de pago inmediato del arancel sin devolución que un sistema que significa un copago en el momento en que el estudiante tiene menos ingresos y que luego pague ese aporte a través de cuotas relacionadas con el ingreso. Eso es justo, directo, y los países avanzan en esa dirección.

Si se piensa en crecer en esto de la gratuidad, uno de los problemas es que hemos ido más bien para atrás en recursos para investigación. En Chile eso está en manos de las universidades, entonces inevitablemente se afecta la investigación si las Ues tienen menos recursos.

-¿Quiere decir que uno de los costos de que más alumnos estudien gratis es que puede bajar la calidad de la investigación de las universidades?

-La fórmula actual es extremadamente ineficiente y deja a las universidades con menos recursos que antes. Pero por otra parte se les plantea que tienen que ser de mejor calidad. Es una mala formula. Espero que en la discusión de este presupuesto, más allá de sacar grandes números de beneficiados por la gratuidad, que nadie los desconoce, se tiene que reconocer que lo que se ha generado es un problema severo en la calidad de las universidades. Ya está ocurriendo, no es un problema hipotético.

-Dentro de la reforma, ¿cuales considera que son los puntos que más perjudican a las universidades privadas?

-Hay un claro predominio de las Ues estatales en la participación institucional. Hay instancias en las que no participan las universidades privadas. También hay un predominio en el financiamiento. Y también la forma en que está planteada la Superintendencia… La regulación, el control, el aseguramiento de calidad está bajo la premisa de que quienes estamos en las universidades privadas somos unos bandidos de espíritu y que por tanto nos tienen que vigilar permanentemente. Eso inhibe la innovación, la creatividad y achata los sistemas.

-¿Cree que se pueda llegar a un consenso dadas las diferencias que hay entre los distintos actores?

-Veo difícil que esto se dé porque lo que está detrás son visiones muy distintas sobre lo que puede ser el sistema universitario en el futuro. También hay diferencias muy grandes respecto a la situación actual. El diagnóstico que existe está basado en muchos mitos que se afirman y que se repiten.

-¿Como cuáles?

Por ejemplo que los alumnos de más bajo nivel académico y socioeconómico van  a las universidades privadas. Eso no es cierto. Los estudiantes de la U de la Serena o de la Santisima Concepcion, son los mismos que los de la USS de Concepcion. El mal análisis es que a partir de 3, 4, 5 Ues que son selectivas en Chile y que siempre lo han sido, se amplifica a todo el resto (…) Es como decir que porque hubo Ues que abusaron usando métodos reñidos con la ley, todas las Ues privadas son malvadas. Eso no es cierto. Porque también uno puede tener casos de gente que se ha portado mal en universidades estatales. Fue una U estatal la que matriculó no sé cuánta gente en una carrera de perito criminalístico que no tenía donde poder emplear a esas personas.

 -Se decretó recién el cierre de la Arcis. ¿Cree que este fue tardío y que influyó una razón ideológica para no actuar antes, o que se le debió haber dado más tiempo y dinero para poder salvar la situación?

-Ha habido otras privadas que no tienen mucho que ver con la formación filosófica de la Arcis y también se les ha esperado. En eso no veo problema. Lo que ha faltado es tratar de tener anticipación. Por ejemplo creando una ley que haga que sea posible fiscalizar a las instituciones antes de que se acrediten. Porque ahí puede pasar un período de varios años en que las universidades son muy poco fiscalizadas, no hay regulaciones. Lo que he escuchado de parte de mucha gente del gobierno es “no podemos hacer nada porque no existen normativas”. Pero bueno, ¿por qué no proponemos las normativas en vez de proponer una ley que cambia todo y que no va a funcionar?